ACUERDO NACIONAL
Garantizar la sostenibilidad
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables los servicios públicos. Dicho acuerdo debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
ADMINISTRACIÓN
Adiós a la mitad de las empresas públicas
Entre otras materias de la agenda popular destaca la reforma de las Administraciones, que incluye la desaparición de más de la mitad de las 3.800 empresas públicas que existen en España, muchas de ellas de competencia autonómica.
El PP quiere una ley de disciplina presupuestaria que fije el techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones públicas. Para ello proponen un debate para llevar a la Constitución este principio de estabilidad, tal y como ha hecho Alemania, idea complicada de aplicar, dadas las polémicas que se crean siempre en torno a las reformas constitucionales.
Avanzar en una reforma institucional que defina los ámbitos de competencia de cada administracón, evite duplicidades y potencie competencias de los municipios es otro capítulo importante de la propuesta popular ya adelantada por Mariano Rajoy. Esta medida incluye prohibir transferencias entre administraciones ajenas a los ámbitos competenciales propios. El líder del PP también se ha quejado de las distorsiones económicas que crea el sistema autonómico, de modo que un Gobierno popular promovería la creación de un sistema de vigilancia y arbitraje «que simplifique la maraña normativa generada por la proliferacón de regulaciones autonómicas y locales». En definitiva, intentar asegurar la unidad de mercado.
AYUNTAMIENTOS
Mancomunidades contra atomización
No faltan voces en el PP que defienden un adelgazamiento de la Administración, empezando por las corporaciones locales. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos de menos de 500 habitantes, que, en plena crisis, apenas tienen para sostener el organigrama municipal. La vía sería la supresión de alcaldías por el método de las mancomunidades, de modo que puedan compartir servicios públicos e infraestructuras.
REFORMA LABORAL
Las cartas boca arriba
En cuanto al capítulo de reforma laboral, los populares dieron a conocer prácticamente todas sus cartas en las 71 enmiendas que presentaron en el trámite parlamentario y que incluían ampliar el contrato de fomento de empleo (33 días de indemnización por año trabajado); flexibilizar la negociación colectiva con cláusulas de descuelgue para las empresas; reconocer la formación como un derecho de los trabajadores y permitir que sean ellos los que la gestionen directamente, o regular de forma clara la extinción de los contratos para evitar la litigiosidad.
Además pidieron mejorar al definición del despido de 20 días por año trabajado con el fin de evitar inseguridad jurídica. Tampoco faltaron propuestas sobre trabajo a tiempo parcial o la regulación del teletrabajo.
Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales).
CRÉDITO
Corregir el déficit público
Garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia las familias, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos. Para ello, el PP entiende que es necesario corregir los elevados niveles de déficit público, evitando así que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado.
IMPUESTOS
Rebaja selectiva
La rebaja de impuestos a que se viene refiriendo el PP desde hace tiempo es selectiva mientras la crisis continúe. El objetivo de la misma sería, según el PP, fomentar la actividad económica y el apoyo a la inversión, y se traduciría en una rebaja del impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas y autónomos, e IVA superreducido para sectores como el turismo.
ENERGÍA
No rechazar la nuclear
Quizá nos encontremos ante uno de los momentos en que con mayor normalidad se debate sobre la energía nuclear, aunque lo cierto es que el PP, que defiende un mix energético que la incluya, ve cómo la Generalitat valenciana se levanta en armas contra la posible instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra.
A pesar de las claras discrepancias internas, el PP dice que quiere ordenar el sector con un nuevo mix que defina un uso racional y realista de todas las fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear; aumentar la competencia en generación y distribución e incrementar las interconexiones internacionales.
LIBERALIZACIÓN
Aumentar la competitividad
Acometer las necesarias reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad de la economía y avanzar en la liberación de los sectores económicos básicos, como el sector energético, las telecomunicaciones o el transporte. Estas reformas estarían destinadas a mejorar la competitividad de nuestro país, abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, la energía, políticas de I+d+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores.
Limitar además los incrementos de precios y tasas reguladas, eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de precios más competitivos y mejor calidad de los bienes y servicios.
ACUERDO NACIONAL
Garantizar la sostenibilidad
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables los servicios públicos. Dicho acuerdo debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
ADMINISTRACIÓN
Adiós a la mitad de las empresas públicas
Entre otras materias de la agenda popular destaca la reforma de las Administraciones, que incluye la desaparición de más de la mitad de las 3.800 empresas públicas que existen en España, muchas de ellas de competencia autonómica.
El PP quiere una ley de disciplina presupuestaria que fije el techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones públicas. Para ello proponen un debate para llevar a la Constitución este principio de estabilidad, tal y como ha hecho Alemania, idea complicada de aplicar, dadas las polémicas que se crean siempre en torno a las reformas constitucionales.
Avanzar en una reforma institucional que defina los ámbitos de competencia de cada administracón, evite duplicidades y potencie competencias de los municipios es otro capítulo importante de la propuesta popular ya adelantada por Mariano Rajoy. Esta medida incluye prohibir transferencias entre administraciones ajenas a los ámbitos competenciales propios. El líder del PP también se ha quejado de las distorsiones económicas que crea el sistema autonómico, de modo que un Gobierno popular promovería la creación de un sistema de vigilancia y arbitraje «que simplifique la maraña normativa generada por la proliferacón de regulaciones autonómicas y locales». En definitiva, intentar asegurar la unidad de mercado.
AYUNTAMIENTOS
Mancomunidades contra atomización
No faltan voces en el PP que defienden un adelgazamiento de la Administración, empezando por las corporaciones locales. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos de menos de 500 habitantes, que, en plena crisis, apenas tienen para sostener el organigrama municipal. La vía sería la supresión de alcaldías por el método de las mancomunidades, de modo que puedan compartir servicios públicos e infraestructuras.
REFORMA LABORAL
Las cartas boca arriba
En cuanto al capítulo de reforma laboral, los populares dieron a conocer prácticamente todas sus cartas en las 71 enmiendas que presentaron en el trámite parlamentario y que incluían ampliar el contrato de fomento de empleo (33 días de indemnización por año trabajado); flexibilizar la negociación colectiva con cláusulas de descuelgue para las empresas; reconocer la formación como un derecho de los trabajadores y permitir que sean ellos los que la gestionen directamente, o regular de forma clara la extinción de los contratos para evitar la litigiosidad.
Además pidieron mejorar al definición del despido de 20 días por año trabajado con el fin de evitar inseguridad jurídica. Tampoco faltaron propuestas sobre trabajo a tiempo parcial o la regulación del teletrabajo.
Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales).
CRÉDITO
Corregir el déficit público
Garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia las familias, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos. Para ello, el PP entiende que es necesario corregir los elevados niveles de déficit público, evitando así que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado.
IMPUESTOS
Rebaja selectiva
La rebaja de impuestos a que se viene refiriendo el PP desde hace tiempo es selectiva mientras la crisis continúe. El objetivo de la misma sería, según el PP, fomentar la actividad económica y el apoyo a la inversión, y se traduciría en una rebaja del impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas y autónomos, e IVA superreducido para sectores como el turismo.
ENERGÍA
No rechazar la nuclear
Quizá nos encontremos ante uno de los momentos en que con mayor normalidad se debate sobre la energía nuclear, aunque lo cierto es que el PP, que defiende un mix energético que la incluya, ve cómo la Generalitat valenciana se levanta en armas contra la posible instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra.
A pesar de las claras discrepancias internas, el PP dice que quiere ordenar el sector con un nuevo mix que defina un uso racional y realista de todas las fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear; aumentar la competencia en generación y distribución e incrementar las interconexiones internacionales.
LIBERALIZACIÓN
Aumentar la competitividad
Acometer las necesarias reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad de la economía y avanzar en la liberación de los sectores económicos básicos, como el sector energético, las telecomunicaciones o el transporte. Estas reformas estarían destinadas a mejorar la competitividad de nuestro país, abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, la energía, políticas de I+d+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores.
Limitar además los incrementos de precios y tasas reguladas, eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de precios más competitivos y mejor calidad de los bienes y servicios.
