La Guardia Civil desarticuló ayer una red dedicada a expedir titulaciones académicas falsas en Cádiz, Badajoz y Canarias. Han sido detenidas 10 personas, entre ellas, el supuesto cabecilla, secretario del Sindicato de Trabajadores de Cádiz (Sitca). En la «operación catis»hay dos imputados más y se ha intervenido una cantidad cercana a los 1,4 millones. A todos se les imputa un delito de falsificación de documento y estafa. Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado año cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.
Así, comprobaron que Sitca, previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales sin recibir formación alguna. Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación. Entre los imputados se encuentran dos cargos públicos del PP canario, Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro. La primera era directora de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) y la segunda directora del Área de Salud de La Palma. Ambas cesaron en sus cargos tras la salida de Mercedes Roldós de la Consejería de Sanidad fruto de la ruptura del pacto regional.
El desmantelamiento de esta red ha generado una nueva tormenta política en las Islas tras la polémica con el concurso de preadjudicación del servicio de hemodiálisis. Olivia Cedrés (PSC) anunció que llevará el caso al Parlamento al tratarse de un nuevo episodio de «falta de transparencia» del Gobierno de Canarias dado que afecta a una escuela que está bajo su jurisdicción. Más comedidos han sido en CC, donde han pedido «cautela» ante un caso que tiene su origen en Cádiz.
En el PP, en cambio, no tienen «ninguna duda» sobre la honestidad de sus dos cargos. José Manuel Soria, incluso ha ido más allá y ha vinculado el caso a la cercanía de las próximas elecciones. «Habrá más episodios de esta naturaleza», dijo. La raíz canaria de la trama incluye también a la secretaria general de la Essscan hasta 2008, Carmen Nieves Cáceres, funcionaria de la Comunidad Autónoma.
