En un agresivo chantaje al Gobierno que tomó como rehenes a 330.000 pasajeros nacionales e internacionales los controladores aéreos consiguieron ayer bloquear los cielos españoles paralizando el transporte aéreo y desatando el caos en un país a punto de emprender el puente más largo del año. Desbordado por la situación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado a firmar un decreto, que el Rey sancionó desde Argentina, por el que militarizaba el espacio aéreo español para tratar de restablecer la normalidad en los cielos.
Poco después de la medianoche, se inició el despliegue de militares en las torres de diez aeropuertos bajo el mando del Jefe del Estado Mayor del Aire, José Jiménez Ruiz, mientras mandos militares se dirigían a los aeropuertos de Madrid, Sevilla, Barcelona y Canarias para supervisar la gestión del tráfico aéreo y otros controladores del Ejército del Aire se incorporaban a ocho aeropuertos de uso compartido civil-militar, para aumentar la operación de vuelos civiles. Al mismo tiempo, y bajo la amenaza de castigos incluso penales, algunos controladores comenzaban a ocupar sus puestos de trabajo, si bien la mayor parte de los aeropuertos no comenzó a operar hasta esta mañana.
Todo comenzó a las cinco de la tarde. Justo en el mismo instante en el que los portavoces del sindicato USCA aseguraban ante los medios de comunicación que «acataban» el último decreto aprobado por el Gobierno en materia de jornada laboral, el grueso de la plantilla de los centros de control aéreo de Madrid y Baleares abandonaba sus puestos de trabajo, alegando ser «incapaces» de desempeñar su labor por «estrés» y «ataques de ansiedad masivos».
Sin embargo, el caos no solo se vivió en los aeropuertos del país. También Fomento y AENA vieron momentos de auténtico descontrol. Minutos después de conocerse el abandono masivo de los puestos de trabajo se constituyó un gabinete de crisis. Pero en la primera comparecencia de la tarde, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, solo podía condenar la «intolerable actitud» de los controladores y asegurar que la decisión de cerrar el espacio aéreo era la más sensata para «garantizar la seguridad».
Hora y media después, y ya con la práctica totalidad del espacio aéreo español cerrado, fue José Blanco quien compareció para exigir a los controladores que depusieran su actitud, ya que en caso contrario «el Gobierno activaría las medidas extraordinarias» contenidas en el real decreto aprobado en la mañana de ayer por el Consejo de Ministros y que entraba en vigor a las 21.30 horas.
Militarización del servicio
Este decreto establece la posibilidad de que el presidente del Gobierno transfiera la gestión del control aéreo a Defensa, quedando los controladores aéreos civiles sometidos a la jurisdicción militar. Dos horas más tarde, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba la materialización de esta posibilidad.
Además, la Fiscalía de Madrid abrió en la noche de ayer diligencias penales contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo, por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, delito penado con hasta ocho años de cárcel.
Blanco había asegurado previamente que el Gobierno no iba a permitir «este chantaje» ni que «tengan como rehenes a los ciudadanos», que, según sus cálculos podrían llegar a 4,2 millones de personas si el cierre continuaba todo el puente. En el origen del conflicto está la aprobación del real decreto que establece el nuevo modelo de gestión aeroportuario, consolida la jornada máxima anual de los controladores en 1.670 horas y el número máximo de horas extraordinarias en 80 y obliga a los trabajadores que aleguen enfermedad a someterse a un reconocimiento en el servicio médico que AENA designe.
