La última joya de la corona de las empresas públicas tiene los días contados. Las férreas condiciones impuestas a España para cumplir con los objetivos de déficit público no han dejado al Gobierno de Rodríguez Zapatero más salida que privatizar parcialmente el control del tráfico aéreo en los aeropuertos españoles. En el transcurso del año, AENA dejará de existir como tal y se fragmentará en una red de empresas participadas por capital privado en hasta un 49%. Un movimiento delicado para obtener cash a corto plazo, que carga con la pesada losa de una red de aeródromos deficitaria, una deuda que supera los 12.000 millones de euros y un conflicto con los controladores que, a día de hoy, ha dejado 500 millones de euros de pérdidas al sector turístico y las aerolíneas y una imagen exterior de España más que debilitada con estado de alarma incorporado. La marca España, ya resentida, de nuevo queda dañada.
¿Quién puede dar el paso y hacerse con AENA con la cantidad de conflictos que tiene?
El contexto en el que se desenvuelve AENA no es el más atractivo. Sueldos millonarios, horas extras a precio de oro...privilegios, en una palabra, de la plantilla de 2.400 controladores, conflictividad casi asegurada y una estadística que es pura dinamita. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Fomento revelaron pérdidas operativas durante 2009 superiores a los 432 millones de euros, una cifra que se prevé roce los 600 millones a cierre de este ejercicio. Aunque en las cifras ha pesado las fuertes inversiones acometidas por AENA en Barajas (T-4) y El Prat (T-3), la realidad es que sólo diez aerodromos en toda España tienen previsto cerrar este ejercicio con beneficios. Las previsiones de AENA para este ejercicio sólo arrojan un resultado operativo imputable positivo a los mismos aeropuertos que en 2009: Palma de Mallorca (50,7 millones), Alicante (27,1), Gran Canaria (16,4), Girona (15,9), Tenerife Sur (11,2), Lanzarote (5,1), Sevilla (2 ), Bilbao (0,7), Ibiza (0,5) y San Javier (0,1).
Desde el Ejecutivo se achacan las pérdidas del ente público a la masa salarial de los controladores; éstos, a la mala gestión de los aeropuertos, a las inversiones realizadas en instalaciones «inservibles» y a que la empresa, aseguran, siempre ha preferido pagarlas a precios caros en lugar de incorporar a controladores.
El primer paso es resolver el conflicto laboral con los controladores
Antes de que empiece la fase de compras, Fomento deberá tener resuelto un conflicto laboral que colea desde hace casi un año, cuando el Ejecutivo comenzó a preparar la privatización que vendría y lo hizo a golpe de decreto, recortando prerrogativas laborales a los controladores tras meses de negociación frustrada. El Ministerio de Fomento y AENA iniciaron a comienzos de 2010 una completa reforma del sistema de trabajo del colectivo de control aéreo, de los sistemas de acceso a la profesión y también del régimen en el que se ejercitan determinadas funciones de separación de los vuelos.
Negociaciones infructuosas desembocaron en conflicto. En febrero pasado el Ejecutivo ponía en jaque a los controladores. Lo hacía con un decreto que segaba sus beneficios laborales en una demostración de fuerza. El Consejo de Ministros respondía también a una de la principales reclamaciones de AENA: la supervisión del tráfico aéreo, que el ente público había cedido con la aprobación de un convenio en 1999.
En febrero, Fomento recuperaba la supervisión del tráfico aéro
De aquellos polvos vienen estos lodos. El detonante, de nuevo, un decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre. ¿El motivo? La interpretación por el Gobierno del decreto del 5 de febrero de 2010, el que establecía un total de 1.670 horas anuales de trabajo. El tiempo de formación, las tareas sindicales, los permisos laborales y las guardias no se contabilizarán dentro de esas 1.670 horas, lo cual, según los controladores, contradice la literalidad del decreto. De ahí a una de las protesta más salvajes vividas en España mediaron horas; los controladores abandonaron sus puestos de trabajo y sumieron a España en el caos; el espacio aéreo cerrado y militarizado. Ahora los controladores tendrán que responder ante la Justicia y se enfrentarán a ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición.
