L. M. O.
MADRID
La subida del recibo de la luz sigue siendo una incógnita. La subasta del mercado mayorista celebrada el martes obliga al Gobierno a aplicar un aumento del 10% en la tarifa. Y ni usuarios ni eléctricas están por la labor de dar el brazo a torcer. El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ayer en un comunicado «un ajuste progresivo en las tarifas de acceso», que se debería aplicar «desde el 1 de enero de 2011» con el fin de «mitigar» los efectos de la reducción del déficit de tarifa sobre los consumidores. Una demanda que ha respaldado la patronal de las eléctricas, Unesa, cuyo presidente saliente, Pedro Rivero, defendió un aumento inmediato de la factura, que en su opinión debería encarecerse un 10, 5%.
La CNE prevé que el déficit tarifario, la brecha entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema, podría elevarse a 5.048 millones de euros al año, incluso, con la «aplicación de las tarifas de acceso de la propuesta de orden» (las que sitúan la subida del recibo en un 10%), 3.048 millones más que el tope legal para ese año.
Tras la subasta Cesur el Ministerio de Industria, acorralado por las exigencias opuestas de consumidores y compañías, se enfrenta a la disyuntiva de inmovilizar el precio de la energía a pequeñas empresas y hogares, a costa de ampliar el «agujero» de la tarifa, o dar vía libre al abultado incremento, condenado por las organizaciones de consumidores.
El de la luz no es el único caso entre los considerados productos básicos. La gasolina volvió a encarecerse la pasada semana un 0,9% y dejó atrás la barrera de los 1, 24 euros por primera vez en el año.
