La comisión del Pacto de Toledo aprobó ayer por mayoría (votaron en contra ERC-IU-ICV y BNG)sus recomendaciones para la reforma de las pensiones y sin que se haya alcanzado un acuerdo concreto sobre las cuestiones más importantes: el retraso de la edad legal de jubilación y la ampliación del periodo de cálculo de la pensión.
Esta situación obliga al Gobierno a negociar su propuesta de reforma con el resto de grupos parlamentarios. De momento, no tiene garantizado el apoyo ni del PNV ni de CiU. Para ello, el Ejecutivo tendrá que renunciar o flexibilizar a alguna de sus propuestas. En concreto, a la criticada prolongación de la edad de jubilación hasta 67 años, reclamada como objetivo de Gobierno por el propio presidente hace escasas semanas en Bruselas. En este punto, podría condicionar la prolongación de la vida laboral a diversos conceptos, como la esperanza de vida, tipo de trabajo frealizado, haber cotizado 35 o más años... Paralelamente, la reforma penalizaría las jubilaciones anticipadas.
De momento, el informe con las 21 recomendaciones será sometido a la votación del pleno del Congreso el 25 de enero para cumplir así el plazo del 28 de enero impuesto hace unas semanas por Rodríguez Zapatero. Ese día, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un proyecto de ley donde se concretará la reforma y que será debatido posteriormente en el Congreso.
Entre esas recomendaciones, adelantadas ya por este periódico, destacan la de «avanzar» en la correlación entre la cuantía de la pensión y el esfuerzo de cotización que se realiza, para lo que aconseja proseguir con el incremento del número de años que se tienen en cuenta para calcular la prestación, que ahora es de 15 años. También defiende que se modifique la fórmula que ahora se utiliza para calcular la pensión de jubilación, de modo que todos los años cotizados computen con el mismo porcentaje.
Sobre las pensiones de viudedad, recomienda mejorar su cuantía para aquellos cónyuges mayores de 65 años que tengan en esta prestación su principal fuente de ingresos. Para ello, se elevaría el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la prestación.
Respecto a la orfandad, considera que debería extenderse hasta los 25 años. Y pide, además, un tratamiento fiscal más favorable para las pensiones de incapacidad permanente y para las de viudedad. Otra de las recomendaciones es que se reordenen las pensiones no contributivas y se cree una pensión de orfandad.
