La cuenta atrás para reformar el sistema de pensiones llega a su fin. Esta semana es decisiva. El martes el pleno del Congreso se pronunciará sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo y el viernes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros el proyecto de ley. Pero antes, el Ejecutivo busca desesperadamente el respaldo de sindicatos y empresarios a la reforma y a su medida estrella, el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Un pacto, sea como sea. Ese parece ser el lema.
Pero el Gobierno no tiene las manos libres. El ex presidente Aznar hablaba esta semana de una «España intervenida de hecho». Y aunque el Ejecutivo en masa se apresuró a cargar contra estas declaraciones, Rodríguez Zapatero sabe muy bien —porque así se lo han recordado en varias ocasiones en el último año— que los mercados y nuestros socios europeos nos vigilan de cerca. Y que desviarse de los compromisos adquiridos lleva aparejado un castigo que España no se puede permitir: el encarecimiento de su financiación e incluso el cierre absoluto de los mercados donde obtenerla.
Y es en esta plaza en la que el vicepresidente Rubalcaba, que ha tomado las riendas de la negociación, trata de lograr un pacto social que en clave interna le de un respiro ante las próximas elecciones municipales y autonómicas, pero que a la vez, le permita afrontar las reformas que le exige Europa.
Y para lograrlo, el Gobierno está dispuesto a intercambiar todo tipo de cromos que le permitan obtener la foto final del acuerdo. Primero se planteó ampliar el abanico de temas de modo que el pacto con los agentes sociales no se limitara a las pensiones, sino que se incluyera también la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.
Portavoces del Ejecutivo llegaron incluso a anunciar el sinsentido de que el Gobierno estaría abierto a aplazar el cierre de la Central Nuclear de Garoña a cambio del apoyo sindical a la jubilación a los 67 —como si los sindicatos hubieran sido alguna vez defensores acérrimos de la energía nuclear—.
Pero con intercambios de cromos incluidos, el Gobierno sigue sin tener el pacto que buscaba y la fecha límite se acerca. Además, las declaraciones que hacen las diversas partes de la negociación son contradictorias y varían de un día para otro. Si unas veces son los sindicatos los que se muestran distantes y avisan de las dificultades de la negociación, otras es el Gobierno quien insiste en la lejanía del pacto. La última versión, la del viernes, es que mientras las centrales sindicales hablaban de posibilidad de acuerdo, el vicepresidente Rubalcaba rebajaba este optimismo y aseguraba que no está cerca.
El caballo de batalla para la reforma de las pensiones sigue siendo el retraso en la edad de jubilación. Si el Pacto de Toledo ya ha dejado claro, y el martes lo ratificará el pleno del Congreso, que no hay acuerdo para retrasar la jubilación, los sindicatos tampoco están dispuestos a aceptarlo a cambio de nada. Y ahí entra la flexibilidad que el Gobierno está ofreciendo. Permitir la jubilación a los 65 eso sí, cuando se lleven cotizados cerca de 40. La última cifra que se baraja son 39. Y además, mantener la jubilación a los 65 para trabajos peligrosos.
Apoyos parlamentarios
Pero la búsqueda de consenso va más allá de las negociaciones con los agentes sociales. El Gobierno necesita apoyos parlamentarios para sacar adelante la ley. Y hasta ahora todos los grupos se habían negado a apoyar la jubilación a los 67.
El Gobierno confía, no obstante, en que si logra un pacto con sindicatos y empresarios, el paso de la reforma de las pensiones por el Parlamento sea un paseo militar. Será difícil para la oposición negarse a apoyar una ley que cuenta con el visto bueno de empresarios y sindicatos.
El PP ha rechazado tajantemente el retraso en la edad de jubilación e incluso ha defendido que lo urgente, en este momento, no es la reforma de las pensiones, sino la puesta en marcha de medidas estructurales que permitan reactivar la actividad económica y, lo que es más importante, crear empleo. Los responsables económicos del partido argumentan que con cinco millones de parados y muchas mujeres fuera del mercado laboral, el margen de crecimiento de la ocupación en España es muy grande. Si logramos incorporar a buena parte de esta población al mercado de trabajo, tendríamos más cotizantes para sostener el sistema, con lo que sanearía el sistema.
Las últimas declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, en las que hablaba de un posible acuerdo sobre la reforma, hacen pensar que el PP permitirá su aprobación.
