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Las cajas de ahorros no quieren ni oír hablar de que habrá una contrarreforma de la ley de órganos rectores aprobada en verano, la famosa LORCA. Ninguna de ellas quiere convertirse de la noche al día en un banco. Quieren traspasar sólo una parte de su negocio financiero. Pero Gobierno y Banco de España opinan todo lo contrario. Mientras, el Ministerio de Economía está de parte del sector. Para qué una nueva ley, o un nuevo «decretazo», si se puede aplicar la recientemente «retocada» LORCA no hace ni seis meses, advierten los digamos «inmovilistas». Y es que la mayoría de las cajas quiere tener un banco pero sin perder su esencia como caja. De hecho, fue el pacto rubricado con el Gobierno en la nueva LORCA. Se necesita capital, sí. Pero a qué precio.
La división que hay en el propio Gobierno respecto al tema no ayuda a que posibles inversores privados acaben asentándose en el capital de las nuevas cajas-bancos. «Hay que acabar con el romanticismo. No valen medias tintas. Si algo no funciona, se cambia. Y el modelo de negocio de las cajas de ahorros como tal, ya no es viable. Si el capital y la financiación no llega por otros medios —cuotas participativas o FROB—, habrá que acceder a los mercados con el fin de captarlo, algo vital para tener un futuro cierto. Y si hay que ser banco, habrá que serlo», asegura un director general de una caja de tamaño medio.
Y es que para muchos, más pronto que tarde las cajas, dicen, terminarán siendo bancos. Se oponga o no con toda su artillería el señor Faine, presidente de La Caixa y de la patronal del sector, CECA. Ahora bien, es preciso reconocer que en un año tan determinante como 2011 las cajas están, para muchos, estigmatizadas y es vital que su imagen y verdadero valor resurjan con más fuerza que nunca para lograr ser solventes. Y, para ello, se necesita capital. ¿Cuánto? Ese es el «quid» de la cuestión.
Las necesidades de capital podrían no llegar ni a los 10.000 millones
Sin embargo, hay otra corriente positivista que aporta datos mucho menos alarmistas. Datos, por cierto, que el presidente del Gobierno, tiene en sus manos. Las cifras que se barajan se soportan en una tesis muy lógica: la cuenta de la banca con el sector inmobiliario es de 315.000 millones en crédito al promotor, casi todos los recursos propios del sistema financiero. A lo que se suman 175.000 millones en crédito a constructores y activos imobiliarios, suelo incluido. De esta cifra, los riesgos potencialmente problemáticos se estiman en 180.000 millones. Pero de esta cifra, a lo sumo, se perderá la mitad del valor, ya que el resto se estima que se podría recuperar. Los saneamientos reconocidos hasta junio por bancos y cajas eran de 60.000 millones y en el último trimestre sólo las cajas provisionaron otros 26.000 millones. Es factible pues pensar que los bancos provisionarían al menos esos 4.000 millones que faltan, para completar la cobertura de esos activos inmobiliarios que se pueden dar por perdidos. En definitiva, las necesidades de capital no llegarían ni a los 10.000 millones.
El dato es manejado por Zapatero a la hora de debatir si se limita a una recapitalización ajustada a la situación del mercado o se cubre de eventuales riesgos con dotaciones que pagarían todos los españoles ahora, para que luego las entidades saneadas con fondos públicos sean vendidas a los más listos de la clase, que recibirán unas empresas cargadas de plusvalías latentes a poco que mejore algo la situación económica». El tiempo es el que da o no la razón.
