La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio ayer otra vuelta de tuerca que introduce nuevas incertidumbres sobre el futuro de las cajas. La ministra anunció que las exigencias de capital básico («core capital») se elevarán al 9% o el 10% en el caso de entidades no cotizadas, frente al 8% que se requerirá al resto del sector.
Salgado explicó en los pasillos del Congreso que la cifra definitiva se fijará en el decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que será el Banco de España quien determine el porcentaje exacto de solvencia que se requerirá a cada entidad, una vez analizada su situación particular. Y es que antes del 28 de febrero todos los bancos y cajas tendrán que hacer públicos tanto los datos de su exposición al sector inmobiliario y sus créditos dudosos, como su «core capital» a 31 de diciembre de 2010 medido según las reglas de Basilea III, más estrictas que las actuales.
Y esta es una de las incertidumbres que provoca las críticas del sector al nuevo plan. Argumentan que no está claro qué se entiende por «core capital» según la nueva normativa internacional, ya que los criterios de Basilea III no están cerrados.
Fuentes del Banco de España aclararon a ABC que la cifra que se fije como ratio de solvencia obligatorio (entre el 9% y el 10%) será idéntica para todas las entidades que no cumplan al menos una de las tres condiciones que la ministra ya avanzó el pasado lunes: que coticen en Bolsa, que tengan una presencia significativa de inversores privados, o que su dependencia del mercado mayorista sea inferior al 20%.
Según las citadas fuentes del supervisor bancario será suficiente con que reúnan uno de estos tres requisitos para que puedan acogerse al ratio general del 8%.
Y la cuestión no es baladí. Según analistas consultados, estas exigencias tan elevadas de capital obligarán a las entidades afectadas a vender sus mejores activos, probablemente infravalorados, porque los mercados saben que hay una fecha límite para conseguir el capital. Otra opción sería salir a Bolsa, en busca de inversores privados, para lo que al menos una parte del negocio se tendría que ceder a un banco. Esto obligaría a las entidades que se acaban de unir a través de fusiones tradicionales, como las cajas gallegas o las castellano-leonesas, a buscar tan solo unos meses después de la operación un nuevo modelo de gestión.
Una tercera opción es recurrir a los mercados para financiarse. Y en esta carrera, las entidades más débiles tendrán que competir no solo con los grandes bancos, que tienen que refinanciar sus deudas, sino también con las administraciones públicas y el propio FROB en la captación de recursos, una tarea que parece harto complicada en la actual coyuntura.
Y el último recurso será la nacionalización parcial de las entidades. Convertirse en bancos y vender participaciones accionariales al FROB, una solución que no hace gracia ni a las entidades en apuros ni a los gobiernos regionales. Otra de las consecuencias de las mayores exigencias de capital es que se desincentivará que las entidades financieras doten provisiones para posibles pérdidas, ya que al tener que aumentar el «core capital», lo que tenían pensado destinar a sanear balances, lo utilizarán para hacer crecer las reservas.
Criterios políticos
Empiezan también a surgir rumores tanto en el sector, como entre las comunidades autónomas y los grupos políticos, sobre la causalidad de que el criterio que se va a utilizar para medir la solvencia de las entidades perjudica precisamente a aquellas cajas ligadas a las autonomías gobernadas por el PP. Si uno analiza qué cajas o grupos financieros suspenderían en estos momentos el examen, o a quien se exigirá mayor esfuerzo, da la casualidad de que las más afectadas serían las castellano-leonesas, las gallegas, y la fusión de Caja Madrid y Bancaja. En el extremo opuesto, pasarían el examen, incluso con nota, las cajas vascas, la principal caja catalana, ambas ligadas al nacionalismo con el que negocia en estos momentos el Gobierno, y otras entidades, de autonomías socialistas, como Unicaja o Ibercaja, que no han seguido el consejo del regulador y no se han fusionado ni integrado con otras.
Y el comisario de Competencia europeo, el español Joaquín Almunia, echó ayer más leña al fuego de la incertidumbre sobre el sector financiero español al asegurar que sus necesidades de capitalización son superiores a los 20.000 millones que anunció la vicepresidenta Salgado. Horas más tarde, su portavoz aclaró que lo que quería decir Almunia es que los 20.000 millones serán la ayuda pública. Pero ni siquiera con esta aclaración coincide con los cálculos del Banco de España avanzados por la ministra. El lunes Salgado explicó que las necesidades totales de capitalización serán de 20.000 millones, y que el FROB aportaría solo aquella parte que los bancos y las cajas no fueran capaces de captar en los mercados.
Mientras tanto, continúa el goteo de datos sobre la exposición de bancos y cajas al ladrillo. Si el martes los hacían públicos Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim (ver gráfico), ayer fue el turno de las fusionadas Caja Duero y Caja España, que reconocieron tener 20.642 millones ligados al sector, de los cuales 2.015 millones son de dudoso cobro. El consejero de la entidad, Zenón Jiménez Ridruejo, admitió ayer mismo en Valladolid que en esta situación necesitarán recaudar al menos 1.300 millones. La otra opción para cumplir con las nuevas exigencias, aseguró, es vender activos por valor de 15.000 millones de euros.
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