En apenas dos años el Ayuntamiento de Córdoba se ha visto forzado a modificar dos veces el plan económico-financiero. Se trata de un paquete de medidas de ahorro de obligado cumplimiento para devolver la estabilidad perdida, en el plazo de tres años, a las arcas. El problema radica en que ejercicio tras ejercicio las cuentas no cuadran con las previsiones, casi siempre más optimistas, que se marca el gobierno de IU y PSOE en sus presupuestos. Eso se traduce en un déficit financiero crónico, que lo empuja a su vez a hacer un parcheo continuo al plan económico-financiero, dado que las teóricas grandes cifras no se plasman en la práctica, sobre todo en lo que respecta a los ingresos.
Ayer el Pleno, con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP, volvió a aprobar un plan modificado, debido a que de nuevo se estaban produciendo «desviaciones» y «desajustes» entre éste y las cifras resultantes, según indica la Intervención General. Es un trámite preceptivo después de firmar préstamos por importe de 26 millones de euros con los que espera costear las inversiones en el año electoral, aunque en realidad corresponden al año 2010.
El Ayuntamiento dio el visto bueno a un plan revisado que está cogido por pinzas, puesto que existen serias dudas del órgano que fiscaliza las cuentas de que los presupuestos que se presentan se vayan a cumplir. Tan poca credibilidad le merecen las previsiones económicas del Consistorio a la Intervención que elude pronunciarse de si la Administración local va a acabar 2011 con un superávit de 637.863 euros, como asegura, o si volverá a arrojar otro déficit. En este sentido, recuerda que hay precedentes en los que las medidas de ahorro e ingresos se han quedado en papel mojado. Eso a pesar de que este año, la prohibición del Gobierno de recurrir a créditos para sufragar obras y proyectos ha motivado que se reduzca a la mínima expresión, apenas 6 millones de euros, el dinero destinado a inversiones propiamente dichas, aunque el documento económico-financiero aprobado en 2008 proyectaba para 2011 invertir 20 millones.
En su conjunto, el presupuesto total de gastos del Consistorio caen hasta los 256,61 millones de euros —un 15,2 por ciento por ciento menos—. Hay que retrotraerse al año 2006 para encontrar unas cifras tan bajas.
A pesar de los recortes y el esfuerzo por adaptarse a las normas de contabilidad vigentes, que son valorados por la Intervención, ésta justifica sus reparos en que «algunas de las previsiones incluidas en el plan parecen poco justificadas y sin un informe técnico-económico que las avale». El plan enuncia unas cifras pero no dice cómo se van a obtener, señala.
Para añadir más confusión al trámite, el gobierno local ha aprobado los cambios en el plan económico-financiero basándose en un informe que no va firmado ni fechado por los técnicos municipales que lo elaboraron, como expone la Intervención.
La situación de fuerte dependencia de las empresas municipales respecto al Consistorio, que anualmente desvía partidas para mantener a flote su tren de gastos, merece una reflexión aparte del órgano fiscalizador. En concreto, duda de que el Ayuntamiento tenga margen de maniobra para reducir una media del 7 por ciento con respecto al año anterior las transferencias que prevé realizar a sus empresas y organismo para que sean viables económicamente. Los presupuestos prevén 75,65 millones para ayudar a sus sociedades.
Transferencias a empresas
La Intervención contrapone esta rebaja al hecho de que sólo la empresa de transporte Aucorsa, de acuerdo con informes internos, tendrá una inyección municipal de 15,82 millones durante este año, un 4,45% más que en 2010. También Sadeco verá incrementarse sus transferencias hasta 1,3 millones. En caso de no hacerse efectivas, «pondría en serias dificultades la tesorería de la empresa» e incluso, según un informe del jefe del departamento económico de Sadeco, estaría en riesgo su propia viabilidad.
La Intervención cuestiona también que se alcancen los ingresos derivados de los tributos locales estimados en 2011, pese a su revisión a la baja, que viene impuesta por la crisis y afecta sobre todo a los que están más vinculados al ladrillo.
