El G-20 celebró ayer el impulso dado por el Gobierno a la reforma del sistema financiero español. De «lecciones valiosas» llegó a calificar el marco regulatorio, la supervisión y las últimas medidas. Pero no todo fueron buenas noticias. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del organismo exigió al Ejecutivo socialista «esfuerzos adicionales»: avanzar en la mejora de la capacidad de las cajas de captar capital externo, un mayor control sobre la participación de la banca en otros negocios y sanciones más duras para las entidades mal gestionadas. Y aunque el supervisor da «la bienvenida» a las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo para solucionar la debilidad estructural de las cajas, también pone el dedo en la llaga: el «retraso» con que las autoridades han abordado este problema.
En un informe sobre el sector bancario español, esta «superagencia» supervisora creada por el G-20 cree que las cajas todavía dependen de la financiación barata a corto plazo que ofrece el BCE y reclama al Banco de España que asegure que la participación de bancos y cajas en otros sectores —como participaciones industriales o la inversión en el negocio asegurador— no generan conflictos de intereses u otros riesgos. El G-20 pide además al gabinete de Rodríguez Zapatero que se refuerce la autonomía y fortaleza del regulador español, para que tenga capacidad suficiente para emitir normas y sanciones cuando alguna caja o banco se salte las normas, lo que en algunos círculos se han interpretado como una referencia a la suavidad con que se castigó la mala gestión de Caja Castilla-La Mancha que llevó a su intervención en marzo de 2009.
Otro requisito a las cajas
Pero el cerco a las cajas no cesó aquí. Las entidades que salgan a Bolsa para responder a las nuevas directrices de recapitalización afrontan un proceso largo y «complejo» en el que no valdrán pasos en falso. La CNMV remitió ayer una carta a la CECA con los requisitos para captar participación privada, entre ellos la obligación de «colocar entre el público», al menos, un 25% de su capital.
«La obligación de la CNMV es que la salida sea segura y no manipulable», explicó el presidente del supervisor, Julio Segura, que anunció estas medidas durante la presentación de su plan de actividades para 2011. Segura admitió que temía que algunas entidades se dispusieran a vulnerar la normativa en este punto. Y no le faltaban motivos: las operaciones que estaban diseñando la mayor parte de las cajas oscilaban entre el 10 y el 15% del capital disponible en el mercado.
Se reconocen, eso sí, determinadas excepciones. Las limitaciones no serán tan estrictas en los casos en que el volumen de la oferta para colocar títulos en el mercado y el número de accionistas garanticen «un grado de liquidez y frecuencia de negociación suficiente».
Pero la realidad es que, a fecha de hoy, no se prevé que ninguna de las operaciones a la vista (Banca Cívica, Mare Nostrum, Banco Base, Unnim, CatalunyaCaixa y Banco Financiero y de Ahorros) logren superar las dimensiones alcanzadas por el «holding» de La Caixa. Igualmente, la misiva subraya que si la colocación se dirige a inversores institucionales, «la distribución ha de ser suficiente»: más de 200 tenedores de títulos «sin que ninguno de ellos alcance una participación significativa». Las entidades, por tanto, tampoco podrán recurrir a su tupida red de sucursales al 100%, uno de sus balones de oxígeno ante ese tortuoso periplo hacia la recapitalización.
