La reciente visita de la canciller alemana Angela Merkel parece que ha hecho cambiar de opinión al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en el tema de si hay que ligar los salarios a la inflación o a la productividad. El pasado jueves, el ministro defendió con rotundidad que la revisión de los salarios se lleve a cabo en relación al IPC y rechazó la propuesta que Merkel quiere generalizar en toda la UE. Un día después, Gómez matizó que en los convenios colectivos que se negocian en nuestro país desde hace años también se tiene en cuenta la productividad. Y ayer se mostró más abierto aún a la nueva propuesta. «En circunstancias de crisis, los salarios deben ceder una parte de poder adquisitivo para que las empresas recompongan sus resultados. Pero los precios no pueden estar alejados tampoco de cómo se conforman los salarios». También dijo que «es bueno que haya cierta relación entre salarios y precios».
Para el ministro, la diferencia entre España y Europa en esta cuestión no es si se tiene en cuenta o no la productividad, sino que en el resto de países europeos se negocian los sueldos con respecto a la inflación pasada y en España se hace con la inflación futura. Esta norma salarial no genera problemas cuando los precios no suben demasiado, pero cuando hay sorpresas y se incrementan demasiado es cuando aparecen las dificultades, explicó.
«Aviso a navegantes»
Las palabras de Valeriano Gómez suponen también un «aviso a navegantes», ya que antes del 18 de marzo próximo los agentes sociales deben llegar a un acuerdo sobre la negociación colectiva y, si no se produjera, el Gobierno ya ha advertido que legislará, como sucedió con la reforma laboral, lo que podría hacer que se ligaran los salarios a la productividad, algo que también desea la patronal.
Sobre este asunto, el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, recordó que nuestro país es el único de los económicamente más fuertes de la UE donde los salarios se ligan a la inflación. «Es un residuo y un obstáculo» en la negociación colectiva,
Los sindicatos, que no quieren ni oír hablar de la propuesta de Merkel, criticaron ayer al Banco de España, a quien acusaron de «desconocer» cómo se determinan los salarios. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, pidió a ese organismo que respete la autonomía de los sindicatos y la patronal para negociar los convenios y la subida de los salarios. «Lo que pretende el Banco de España y no se atreve a pedir es un recorte de los salarios», denunció Ferrer. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, dijo que recurrir a la productividad como indicador del salario es «un ejercicio de imaginación poco práctico» si se tiene en cuenta la «escasa transparencia y fiabilidad» de un índice sin referencia oficial. Cabe recordar que el INE publica trimestralmente un índice de productividad por empleado, el cual, no sería el más indicado, según los expertos, para relacionarlo con los salarios, ya que mezcla los datos de las grandes compañías con los de las pymes. Por eso, cualquier cambio en ese sentido debería establecerse en los convenios de empresa, no en los de ámbito nacional. Con esta tesis se mostró de acuerdo también ayer Valeriano Gómez.
«Modelo austríaco»
Por otra parte, el ministro de Trabajo admitió que es «difícil de imaginar» que se pueda articular el fondo de capitalización con el que los trabajadores puedan sufragar parte del despido, también llamado «modelo austríaco», sin echar mano de las cotizaciones de las empresas, algo que el pacto social descartó explícitamente.
Ese modelo que «le vendió» el ex ministro Jesús Caldera a Rodríguez Zapatero consiste en que cada trabajador tiene un fondo o cuenta donde se le va ingresando la parte proporcional de su indemnización por despido y cuando se jubila, le despiden o se va a otra empresa, se lleva su cuenta.
Durante su intervención en la jornada sobre la reforma de las pensiones organizada por AFI, Valeriano Gómez se refirió así al fondo de capitalización que el Gobierno deberá tener diseñado en el mes de junio, según el mandato de la reforma laboral, y para lo que pretenden poner a trabajar a un grupo de seis expertos «durante los próximos días».
Según explicó Gómez, ese fondo está llamado no sólo a sufragar parte de la prestación por despido de los trabajadores, sino también, en circunstancias «ideales», en las que no pierda su empleo a lo largo de su vida activa, la parte de su pensión. Para el titular de Trabajo, con estas premisas «no será fácil» completar dicho fondo sin contar con la aportación de los empresarios, al margen de que, según Gómez, «el despido tiene que costar más al que más lo utiliza. Si el diseño previsto es que no se incrementen las cotizaciones será un poco más complejo». Concluyó con que «la comisión de expertos debe responder estos interrogantes».
