La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si grandes ciudades como Madrid y Barcelona cumplen la directiva europea de Calidad del Aire, para lo que ha pedido información detallada de sus niveles de contaminación atmosférica y de las medidas que están tomando para combatirlos.
Así lo han indicado fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente, que dirige Antonio Vercher, quienes han explicado que esta investigación se está llevando a cabo ya en Madrid y en Barcelona, en tanto que son las ciudades más grandes y tradicionalmente más contaminadas.
Se da la circunstancia de que Madrid ya presentó los datos de contaminación atmosférica del pasado año hace casi un mes. Entonces, Ana Botella admitió que la ciudad superaba los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno y que para rebajarlos habría que acabar «con el 50% del tráfico».
Una vez investigadas ambas urbes, la Fiscalía "continuará con el resto de grandes ciudades españolas" con el mismo procedimiento: petición de datos de contaminación atmosférica y de los programas puestos en marcha para avisar a la población y mejorar la calidad del aire.
El Gobierno español es «responsable»
En lo que se refiere a la directiva de Calidad del Aire, la Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España por incumplirla a comienzos de 2010, y le advirtió de que, de continuar con el incumplimiento, el siguiente paso sería una denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario.
Los avisos por incumplimiento de la Comisión al Gobierno de España, responsable de dar la cara ante la Unión Europea, se han referido, principalmente, a la contaminación por partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10), aunque Madrid y Barcelona incumplen la legislación en lo referente a los niveles de dióxido de nitrógeno.
Los valores límite de PM10 -emitidas principalmente por las industrias, el tráfico y las calefacciones domésticas- imponen un valor de concentración anual de 40 microgramos por metro cúbico y un valor de concentración diario de 50 microgramos por metro cúbico, que no debe superarse más de 35 veces por año, y que varias ciudades españolas incumplen sistemáticamente desde que entró en vigor la directiva.
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