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Estigmatizadas por políticos, ciudadanos y el propio sector, como últimas culpables de la preocupante situación financiera del país, las cajas de ahorros afrontan ahora sin miramientos el futuro que les toca vivir. O se recapitalizan ya, o mueren en el intento. No hay tiempo que perder. En definitiva, no hay tiempo. Está limitado. En principio, hasta septiembre. Y en unos días, por decreto ley. Hay oídos sordos en el frente. No sirven medidas a medias tintas. Ni siquiera, hasta hoy mismo, se quiere que haya letra pequeña. A las cajas parece que no se las quiere. Y eso que en su momento, entonaron el «mea culpa», pero ni el Banco de España, como órgano supervisor de estas entidades, ni los políticos, sentados en sus propios órganos de gobierno, ni nadie les hizo cuentas. Era octubre de 2008, cuando el sistema financiero mundial estuvo al borde del abismo. Caía el gigante financiero Lehman Brothers y durante dos horas «estuvimos entre estar arriba o desplomarnos en una crisis que ni con la de 1929 hubiera sido comparable», comentaba meses después el entonces presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás. En aquel momento, quizás, se podrían haber puesto en marcha otras medidas que hubieran evitado la situación actual. Medidas «de facto» puestas sobre la mesa del despacho del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero éste no lo creyó necesario. Las entidades financieras españolas habían hecho sus deberes, habían provisionado según las normas de Basilea, y no hacía falta, comentaba.
Craso error. Ahora bien, en marzo de 2009, Quintás insistía con sus propuestas. No sólo para las cajas, por cierto. También para los bancos. «Se ha tendido a pensar que la crisis financiera en España era un problema exclusivo de las cajas, y eso, no es exactamente así», asegura Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universdiad de Granada. Y es que nunca una comparecencia había sido tan premonitoria como la del entonces presidente de las cajas españolas. Precisamente, en marzo de 2009, semanas antes de la quiebra de Caja Castilla La Mancha (CCM), y 15 meses antes de que se reformara la ley de Cajas —la LORCA—, Quintás acudía al parlamento con caracter de urgencia. En una intervención cargada de dramatismo pidió, casi a gritos, reformas legales y la creación de un fondo público de ayudas, cambios en la contabilidad sobre créditos inmobiliarios y avales de Estado. ¿Y de todo aquello? Nada de nada. Bueno, en realidad algo sí, aunque distinto. El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria): una financiación a un tipo de interés del 7,75% que había que devolver en cinco años, y que no suponía una ayuda a fondo perdido, como se había dado en otros sectores en el pasado. «El FROB es capital. El crédito del Estado es un aporte de recursos propios vía preferentes para restituir la solvencia. El coste de las bajas de plantilla pasará, sin embargo, por cuenta de resultados, no por reservas», explica un director general de una caja de ahorros española, cuya opinión es coincidente con la del resto del sector. Y continúa su opinión ante las dudas generadas desde su misma creación entre los ciudadanos: «El FROB es coste nulo para el contribuyente. La banca española, como el resto de los sistemas financieros, ha tenido que hacer un proceso de ajuste pero con un coste inferior al de la banca internacional. El Estado no ha tenido que hacer apenas inyecciones comparado con la situación de otros países, con rescates multimillonarios. Han sido unos 16.000 millones, incluyendo la ayuda a CCM, el 1,5% del PIB».
Entonces, incluso se habló de crear una especie de sociedad pública que aglutinase los activos «malos» inmobiliarios de los bancos y cajas españoles. Un «banco malo» que en aquellos momentos —coinciden varios directivos de cajas— sí hubiera tenido sentido. El Estado lo tendría para sí, y lo sacaría al mercado en un periodo limitado de, por ejemplo, diez años. Y las entidades, con balances limpios de polvo y paja, empezarían prácticamente desde cero. Ahora, ya es tarde. La situación ha dado un giro de 180 grados.
De hecho, hoy, el debate es otro. Está centrado en el contenido del decreto de la última reforma del sistema financiero, que, a grandes rasgos, aboca a las cajas a una carrera frenética, no exenta de obstáculos, por buscar financiación en el mercado. De momento, el camino elegido está siendo salir a Bolsa, previa creación de un banco. Otras venderán sus participaciones industriales, sus particulares «joyas de la corona».
Ahora bien, mientras tanto, falta por consensuar los puntos que finalmente habrá que cumplir vía decreto. La letra pequeña se está convirtiendo en lo realmente importante. No hay acuerdo de momento. No en vano, ante tanta discordancia entre sector y Gobierno por el contenido del decreto, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que tenía previsto presentar el pasado viernes dicho documento, ha tenido que aplazar en principio una semana su aprobación. El dichoso Real Decreto-Ley de Reforzamiento del Sector Financiero, aún no definitivo, sigue sin aclarar si el requisito del 10% de capital básico para las entidades no cotizadas será matizado en la letra pequeña. De momento, las cajas de ahorros han reaccionado enérgicamente contra dicho nivel, ya que para los bancos la exigencia se sitúa en el 8%: «se trata de un agravio con los bancos y una distorsión de la competencia. Es un nivel más elevado que el que presentan actualmente las 20 mayores entidades de Europa», asegura una fuente autorizada del sector.
Y no sólo este punto es el único discordante entre unos y otros. El Gobierno igualmente tiene pensado incluir en el decreto definitivo poder sancionar a aquellas cajas de ahorros, y a sus máximos responsables, si no presentan en 15 días un plan de recapitalización de sus entidades una vez publicado en el BOE. Las sanciones podrán llegar desde la retirada de ficha bancaria a la multa e inhabilitación personal de los presidentes y miembros de la cúpula de las cajas.
Además, la nueva normativa exigirá un capital principal del 8% de las exposiciones totales ponderadas por riesgo que será mayor para las cajas o bancos no cotizados en Bolsa o sin accionistas privados. El Gobierno aceptará que estos últimos no pasen del 9%, frente al 10% anunciado inicialmente por Salgado, pero mantienen la discriminación en contra de las cajas, dando lugar a máximas sanciones de no cumplirse.
¿Engañadas?
Pero ¿y por qué tanta discordancia? Si el tiempo apremia, ¿por qué no aceptar y ponerse manos a la obra todos a una? ¿Hay algo más en la trastienda?
Fuentes del sector conocedoras de la situación aseguran que en los últimos meses habían proliferado las negociaciones entre el Banco de España y varios directivos de cajas de ahorros, sobre todo con aquellos que habían cerrado fusiones (cajas de la misma región) o habían creado SIPs. Entonces, el pacto era que la solución a la falta de credibilidad en el sistema financiero español parecía que pasaba por acelerar al máximo los procesos de concentración (fusiones y SIPs) en marcha. Sin embargo, estas fuentes aseguraron a Empresa que tras intentar hacer dichos deberes, los mismos directivos, tiempo después, y sobre todo tras haber cumplido el ultimátum de gobernador y Gobierno sobre finalizar los procesos antes de final de año, tienen la sensación de sentirse engañados, puesto que de telón de fondo surgen intereses políticos y de la propia competencia.
Si ya no vale con limpiar balances, a través de saneamientos, con un nivel de solvencia de alrededor del 6-7% como marca Basilea II, y con la fecha límite de 2013, ¿qué es lo que vale ahora? ¿Por qué un real decreto claramente asfixiante? «El punto de inflexión es cuando los dos grandes bancos españoles acuden al mercado a hacer emisiones y terminan pagando Euribor + 2,25%, cuando en Europa, el resto de bancos pagó un +0,30. Entonces, empiezan las presiones», asegura una fuente bien informada próxima a dichas negociaciones «rotas».
Pero y con el decreto que aún está por ver la luz, ¿se acabarán las medidas para la reordenación del sistema financiero español? ¿será suficiente? Para Ruben Manso Olivar, consejero delegado del despacho Mansolivar & IAX, no. «Una reforma más amplia de la LORCA es necesaria. Además, siendo las competencias sobre la banca exclusivas del Estado, según reza la Constitución, hay que eliminar las interferencias que la regulación sobre órganos rectores y la obra social, de carácter autonómico, ha introducido. Si no, las cajas que se salven ahora, serán el próximo objetivo y la próxima victima de las autoridades regionales», explica.
Tres aspectos clave en el decreto definitivo
En cualquier caso, las negociaciones entre Gobierno —probablemente en la figura del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa— y las cajas —con Isidro Fainé al frente, como presidente de CECA—, se centran en tres aspectos: En primer lugar, que bancos y cajas tengan como exigencia el mismo «core capital». «Algo que parece complicado, porque parece existir cierto interés político en que las cajas que no tienen un banco —las gallegas, las de Castilla y León, y las catalanas— finalmente sean nacionalizadas», advierte la misma fuente.
En segundo lugar, tanto Fainé como Campa tendrán que ponerse de acuerdo en la definición de «core capital», que no es estrictamente la que aparece en la regulación de Basilea III (básicamente, capital + reservas). «En dicha definición, se quiere ampliar el concepto de fondos propios, que éste sea más amplio —continúan las mismas fuentes— se quieren añadir los créditos fiscales, las participaciones preferentes, las diferencias de valoración o plusvalías latentes por grupo industrial. Así, algunas de las cajas, las que tienen el futuro más prometedor, digamos, podrían pasar el examen del Gobierno en el tiempo estipulado».
Y, por último, ampliar el plazo para llegar al «core capital» finalmente estipulado. Sobre todo, para evitar problemas a la hora de salir a Bolsa. Algo que parece petición de una de las dos grandes cajas españolas. «Una OPV no se hace de un día para otro. Desde que anuncias la intención de salir, hasta que finalmente estás en el parqué, pasarán, mínimo, cuatro meses. Y luego, lograr el capital pertinente», asegura una fuente de dicha entidad.
Mientras llega o no un acuerdo satisfactorio para todos, las cajas anuncian su salida a Bolsa en busca de capital. Cuanto antes, mejor. Las primeras serán eso, las primeras, porque inversores no habrá para todas. Y dicho y hecho. La Caixa abrió la senda. El consejo de administración de la entidad que preside Isidro Fainé acordaba a finales de enero traspasar su negocio financiero a su filial de participaciones Criteria, que pasará a ser un banco cotizado con el nombre de CaixaBank. Este conglomerado conservará la participación del 13% en Repsol y la del 5,04% en Telefónica. CaixaBank será una compañía cotizada que de entrada estará controlada por La Caixa en un 81,1%; el 18,5% estará en manos de los actuales minoritarios de Criteria, y el 0,4% se repartirá entre los trabajadores de la entidad.
Esta semana también conocíamos que la entidad surgida tras la integración de Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaCanarias y CajaSol, Banca Cívica, comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar el proceso de salida a Bolsa, «previo cumplimiento de los requisitos legales oportunos y de la adopción de los correspondientes acuerdos por parte de los órganos de gobierno». Los copresidentes de la entidad, Enrique Goñi y Antonio Pulido, anunciaban que sacarán a los mercados entre un 25% y un 40% de su capital y que su intención es comenzar a cotizar antes del próximo otoño.
Y mientras la operación de Banca Cívica se daba a conocer, el gran SIP liderado por Caja Madrid —Banco Financiero y de Ahorros—, camina igualmente a toda velocidad en su proceso de salida a Bolsa. A la espera de lograr las autorizaciones pertinentes para el traspaso definitivo del negocio de las cajas al nuevo banco, los ejecutivos de la entidad celebran reuniones «express» para preparar su aterrizaje en el mercado. Según fuentes financieras, la fecha elegida podría ser junio, «todo depende de lo que ocurra con los tiempos límite que fijará el nuevo decreto», aseguran estas fuentes. En principio, suena que la entidad que pilota Rodrigo Rato colocará hasta 3.000 millones de euros.
Inversores interesados
El «quid» de la cuestión, es si habrá o no finalmente inversores interesados para tanta entidad. Pero ¿existe la posibilidad de que aparezcan en escena, por ejemplo, aportando capital, fondos de inversión extranjeros, o fondos soberanos, o incluso banca extranjera? Sí, sí que hay posibilidades. Y parece que claras. Fondos oportunistas especializados son básicamente los estadounidenses, que ya en el pasado han protagonizado operaciones como la de TPG en el banco de EE.UU. Wachovia o la de JC Flowers en el alemán Hypo Real Estate, firma que, de hecho, estudió su participación en Banca Cívica.
En cuanto a los fondos de capital riesgo, apenas muestran interés por entrar en los nuevos bancos, pero codician sus participadas industriales. «Nos interesan los activos no cotizados de las cajas que tienen en sus balances», asegura uno de estos fondos con sede en Londres.
Más allá de los fondos, el otro gran grupo de instituciones que podrían estar interesadas en las cajas son las aseguradoras. Mapfre, por ejemplo, ha dado por seguro que compraría acciones del banco de Caja Madrid y no ha descartado que también puedan entrar en otra caja, si bien, fuentes del sector, precisan que las negociaciones entre los presidentes de ambas entidades están muy avanzadas. Igualmente, preguntada por esta misma posibilidad, una fuente de la aseguradora Zurich afirma que «estamos siempre abiertos a oportunidades que encajen en nuestra estrategia y requisitos financieros». Un tercer grupo de posibles accionistas serían los clientes de esas propias cajas.
En definitiva, si finalmente las cajas no consiguen accionistas privados se verán abocadas a llamar a la puerta del Gobierno y pedir que sean, con todas las letras, nacionalizadas (como CatalunyaCaixa). Eso sí, si el Estado entra en el capital de las cajas desde el minuto cero esa participación estará en venta. El proceso, va para largo, pero estamos en tiempo de descuento.
