Seis leyes nuevas a la semana. Ese es el febril ritmo de producción legislativa de las comunidades autónomas, que el año pasado aprobaron un total de 291 leyes y decretos-ley, según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos (IEC), un organismo dependiente del Gobierno catalán, encargado en su día de asesorar los trabajos de la ponencia parlamentaria redactora del nuevo Estatuto de Cataluña.
Es precisamente el desarrollo de los estatutos de autonomía lo que justifica en primera instancia esta prolífica labor de los parlamentos y gobiernos autonómicos en nuestro país. Otra cosa es que esa aplicación estatutaria sea sostenible, dado el incremento de burocratización que la misma conlleva, así como el incremento de la deuda de las comunidades autónomas, pues la inmensa mayoría de esas nuevas leyes conllevan una partida económica a cargo de la correspondiente administración autonómica y, según los casos, del Estado y de los gobiernos locales. En tiempos de crisis tan severos como los actuales este gasto tiene mal encaje en la opinión pública.
Según el citado estudio, la comunidad que más leyes aprobó el año pasado fue Cataluña, con 43, seguida de Navarra con 30, Comunidad Valenciana (22), Castilla y León (22), Extremadura (20), Andalucía (20), Castilla-La Mancha (19), Islas Baleares (17), Galicia (16), Aragón (14), Asturias (14), Cantabria (12), Canarias (11), Madrid (10), La Rioja (10), País Vasco (6) y Murcia (5). El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó sólo 69 leyes.
Los datos trascienden en pleno debate sobre el actual modelo autonómico, donde tanto PSOE como PP coinciden en la necesidad de introducir modificaciones que favorezcan la austeridad y la eficiencia, evitando al mismo tiempo las duplicidades.
Agravios comparativos
Cómo lograrlo sin herir la «susceptibilidad de nacionalidades históricas» como Cataluña, Galicia o el País Vasco o crear agravios comparativos es el gran reto del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El mandatario socialista acumula en su haber varios incendios territoriales relacionados con las competencias autonómicas, tal como acaba de suceder en relación con el endeudamiento de las comunidades y los supuestos privilegios que supuestamente goza Cataluña.
Las palabras del ex presidente José María Aznar, con las que criticaba la pretensión de determinadas autonomías de funcionar como «mini-estados», en alusión al derecho a decidir reivindicado por el gobierno catalán de Artur Mas, avivaron esta discusión sobre el gigantismo autonómico que, entre otras anomalías, genera invasiones de competencias entre comunidades y el Gobierno.
Conflictos de competencias
La constante actividad legislativa de las autonomías conlleva, como daño colateral, la proliferación de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias. Según los datos de IEC, las comunidades autónomas interpusieron trece recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes elaboradas por las Cortes Generales.
De estos, ocho se concentran en dos normas: el Real Decreto sobre reestructuración bancaria, que generó cuatro recursos por parte de los gobiernos de Extremadura, Cataluña, Galicia y Madrid, y la ley orgánica de modificación de las leyes del TC y del Poder Judicial, que dio lugar a cuatro recursos de los parlamentos y los ejecutivos de las comunidades de Castilla y León y La Rioja. Las comunidades más proactivas en este sentido fueron Cataluña, Castilla y León y Navarra.
Recursos
A su vez, a lo largo de 2010 se presentaron 17 recursos contra leyes autonómicas: siete contra normas del Parlamento catalán —tres fueron tramitados por el Defensor del Pueblo, dos por el Gobierno español y tres por más de 50 diputados del PP en el Congreso—; cuatro contra leyes de las Cortes Valencianas, dos contra leyes del Parlamento de Galicia, dos contra normas de la Asamblea de Extremadura y una contra una ley de Aragón. Asimismo, el número total de conflictos de competencias interpuestos por las comunidades ascendieron a nueve: tres de Cataluña y seis de la Xunta de Galicia.
