La holgura con la que el Gobierno esperaba cerrar las cuentas del conjunto de administraciones públicas en 2010 finalmente no fue tanta. Más de la mitad de las comunidades autónomas, nueve de las diecisiete, sobrepasaron los límites de déficit que se habían fijado. Las administraciones de la Seguridad Social —sistema de pensiones, servicio público de empleo y Fogasa— también cerraron con números rojos tras once años de superávit. Y solo el margen generado por la Administración Central, cuyos ingresos fueron finalmente mayores de lo esperado, permitió al conjunto del Estado español cumplir, por los pelos, su objetivo de reducción del déficit público y evitar el posible castigo de Bruselas y de los mercados.
Según los datos hechos públicos ayer por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el conjunto de Administraciones Públicas tuvo un déficit en 2010 de 98.227 millones de euros, un 9,24% del PIB, ligeramente inferior al 9,3% previsto inicialmente. Esta cifra supone, asimismo, una reducción de casi 20.000 millones de euros, dos puntos de PIB respecto al año anterior. Sin embargo, el trabajo más duro tiene que producirse en este año 2011, en el que el Ejecutivo pretende reducir el agujero de las cuentas públicas hasta el 6% del PIB, lo que supone un recorte de más de 30.000 millones de euros respecto a los números rojos de 2010.
Más de la mitad del déficit, un 5,66% del PIB, lo generó la administración central —el Estado con sus organismos autónomos—. Sin embargo, esta cifra es casi un punto de PIB (10.000 millones de euros) inferior a la prevista, lo que ha dado margen para compensar la desviación del resto de administraciones.
Si tenemos en cuenta, además, las devoluciones que comunidades y ayuntamientos realizaron al Estado por los mayores ingresos recibidos por anticipos a cuenta en ejercicios anteriores, el déficit estatal se reduciría al 4,97% frente al 5,9% estimado. Este comportamiento se explica por un crecimiento de los ingresos superior al 34% gracias sobre todo a la mayor recaudación por IVA, mientras las medidas de ajuste permitieron reducir un 6% el gasto público.
Madrid, la mejor
Bastante peor comportamiento tuvieron, sin embargo, las comunidades autónomas que, en su conjunto, cerraron 2010 con un déficit del 2,83% del PIB, frente al 2,4% que se había fijado como objetivo. No obstante, existe una gran diferencia entre unas comunidades y otras en el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad.
Sin duda la Comunidad de Madrid fue la que tuvo un mejor comportamiento el año pasado. Sus números rojos se situaron en el 0,69% del PIB, lejos por tanto del límite del 2,4%.
Otro grupo de autonomías aprobaron —no muy holgadas— el examen al situar su déficit ligeramente por debajo de ese 2,4 o justo en el límite. Este es el caso de Extremadura, País Vasco, Canarias o Galicia. Hay otras tres comunidades —Castilla y León, Cantabria y Asturias— que tuvieron un déficit superior al 2,4%, pero que aprueban el examen ya que parte del mismo se debe a inversiones productivas autorizadas por el Gobierno y que la propia ley de Estabilidad prevé. Andalucía, con unos números rojos del 2,99% de su PIB, se habría saltado ya el límite, pero el Gobierno califica la desviación de leve, lo que le permitiría reconducir su situación financiera con cierta facilidad.
El resto se saltaron los límites, y unas más que otras. La peor fue Castilla-La Mancha, con unos números rojos del 6,47% del PIB, casi el triple de lo permitido. Murcia no se queda muy atrás y duplica los límites al tener un déficit de cerca del 5%. Baleares también superó el 4% y Cataluña alcanzó un 3,86%. Según el departamento de Elena Salgado, estas comunidades han presentado una importante desviación respecto al objetivo y necesitarán adoptar medidas para reconducir sus desequilibrios con la mayor firmeza posible. Y el resto de autonomías, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra, con números rojos que oscilan entre el 3 y el 3,5% del PIB, deberán tomar también «actuaciones decididas para reconducir la situación».
Los ayuntamientos también cerraron el ejercicio ligeramente peor de lo previsto, con un déficit del 0,5% frente al 0,4% estimado.
Y por último, la desviación de las administraciones de la Seguridad Social fue de otras cuatro décimas, ya que se preveía un superávit del 0,2% del PIB y al final se ha cerrado con un déficit de esa misma cuantía. El sistema de pensiones logró cerrar 2010 con un superávit de 1.181 millones de euros, gracias, eso sí, a los intereses del fondo de reserva, pero esta cifra fue insuficiente para compensar los números rojos del Fondo de Garantía Salarial (672 millones de euros), y los del servicio público de empleo (3.097 millones). Y es que finalmente el gasto en prestaciones por desempleo superó con creces las previsiones iniciales.
