El laudo dictado por el ex ministro Manuel Pimentel puso fin al largo conflicto que enfrentaba a AENA con los controladores aéreos, pero los efectos del cierre del espacio aéreo entre los días 3 y 4 de diciembre y el limbo normativo en el que durante seis años permaneció su convenio colectivo, anquilosado por la falta de consenso para renovarlo y modificar sus condiciones, aún se dejan notar.
El conjunto de propuestas para rebajar el coste de la navegación aérea generó un dato hasta ahora insólito en nuestro país. El BOE publicó el pasado mes de febrero que las tasas de navegación han dejado de ser las más caras de Europa, superadas por las de Reino Unido y Suiza. En concreto, las españolas descendieron un 7,8% con respecto al año anterior, hasta los 77,8 euros. Los porqués son diversos pero, según el Ministerio de Fomento, una de las principales razones se encuentra en la reducción del número de horas extra que realizaron los controladores: en este concepto, AENA registró en 2010 un montante de 3,5 millones de euros, frente a los 360 millones que se desembolsaron el año anterior.
Así, el operador aeroportuario español, acostumbrado a un largo historial de pérdidas anuales, se convirtió «en el único de los cinco grandes proveedores europeos que bajó sus tarifas por este concepto (Italia, Francia y Alemania, las han subido entre un 3% y un 4% y el Reino Unido un 14%)», según indicó la entidad pública.
Tras la presentación del laudo en la sede de AENA, el ministro de Fomento, José Blanco, destacó que el impacto económico resultaba difícil de determinar, pero que teniendo en cuenta el ritmo de descenso en la remuneración de las horas extraordinarias, los primeros cálculos permitían colegir que los costes totales pasarán de 700 millones de euros a más de 400 millones. El hachazo al salario medio de los técnicos de control, que —siempre según la versión del Ejecutivo— se situó en 200.000 euros anuales, una cifra inferior en 140.000 euros a la de las retribuciones de 2009 y 2008, fue otro de los motivos de mayor peso. De hecho, desde entonces, la productividad de estos profesionales ha mejorado cerca de un 30%.
Los viajeros se rebelan
Mientras tanto, cerca de 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo durante el abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo, que derivó en la declaración del estado de alarma, se personaron ayer en la causa penal. El bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que representa a la parte demandante, señaló que reclaman una fianza de hasta 60 millones de euros en concepto de responsabilidad civil motivada por daños morales y perjuicios económicos, o, lo que es lo mismo, 10.000 euros a cada uno de los controladores. Si estos no depositan la fianza, exigen que se responda con el embargo de bienes.
