LA simple comparación de estadísticas no puede ser más dolorosa para el nacionalismo catalán, Su Comunidad ha perdido preponderancia económica durante la Transición, a medida que aumentaba la apuesta identitaria, con consecuencias tan lesivas como el drástico recorte actual en asistencia sanitaria. Ni siquiera las concesiones discriminatorias de José Luis Rodríguez Zapatero han conseguido evitar una deriva que tiene en el impago de la luz de los centros públicos de enseñanza su último corolario.
Que los adormecidos ciudadanos de aquella región mediterránea sigan eligiendo a CIU para que les administre forma parte de su libre albedrío. Que con su pan se lo guisen, mientras les dure, siempre que su decisión no afecte a otras comunidades con una conciencia solidaria más asentada.
Pero no hay nada más chocante que la coincidencia del impulso soberanista agudizado con el liderazgo de Artur Mas con el paralelo afán intervencionista próximo al colonialismo que adereza sus estrategias expansivas.
Después de la entrega de Unión Fenosa a la catalana Gas Natural, parece natural, a ojos de los convergentes y sus cómplices del PSOE, el desgajamiento de la caja de ahorros gallega en unidades de negocio apetecibles para la Caixa. Es una operación de diseño, avalada por Elena Salgado y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que el brazo financiero del pancatalanismo pueda engullir a precio de saldo las oficinas más rentables de NovaCaixaGalicia, con su cartera de clientes incluida.
Y la ambiciosa empresa no tendría nada de particular si se desarrollara en estricto cumplimiento de criterios de equidad. El problema es que, para consumar el despojo, el Banco de España ha rectificado de forma artificiosa su respaldo inicial a la solvencia de NCG, y el Gobierno ha sacado adelante un decreto que discrimina a la entidad gallega frente a sus competidoras al establecer criterios y varas de medir desiguales.
Que el futuro de la entidad gallega lo hayan marcado las manos interesadas de CIU resulta por lo menos sospechoso, habida cuenta de las intenciones de la caja de ahorros de referencia en la comunidad que gobierna.
Que se haya sumado Coalición Canaria al festín intervencionista sólo demuestra dos cosas: la escasa fiabilidad de la norma impulsada por Zapatero, que ni siquiera contó con el apoyo de sus socios del PNV, y las necesidades del presidente de aquella Comunidad para asegurarse en los próximos meses un futuro judicial despejado.
Aunque con toda probabilidad ni siquiera un frente unido de las formaciones parlamentarias gallegas garantiza una rectificación del Gobierno, es de esperar que el secretario general del PSOE gallego y sus mariachis localistas consigan sustraerse al menos en una ocasión de los eslóganes demagógicos y las estrategias oportunistas para sumarse a un proyecto común.
La ocasión es tan señalada que merece incluso poner sordina a las irregularidades fiscal y urbanística de Manuel «Pachi» Vázquez en las obras de su mansión rural en San Amaro.
