La plantilla del Rayo Vallecano ya no aguanta más y amenaza con medidas drásticas por los impagos de la familia Ruiz Mateos. Después de casi un año sin cobrar, la situación es insostenible y los jugadores lanzaron ayer un órdago a lo grande: si no se les garantiza una solución, este fin de semana el equipo podría quedarse en la capital y no disputaría el sábado el partido de Liga en Valladolid correspondiente a la jornada 32 de Segunda.
Líder de la categoría, la incomparecencia supondría un frenazo brusco en la carrera por el ascenso. El partido en el José Zorrilla se le daría por perdido (3-0) y, además, al Rayo se le quitarían tres puntos de la clasificación. Acuciados por las deudas, las consecuencias no parecen importar a los futbolistas franjirrojos. «Es una posibilidad que nadie de esta plantilla quiere, aunque es una alternativa real. Lo sentimos por la afición. Nos encontramos solos, nadie nos ayuda y seguimos sin cobrar», explicó el capitán rayista en rueda de prensa después del entrenamiento. Míchel, sin embargo, tampoco cerró las puertas a otras medidas de fuerza al asegurar que los jugadores también barajan un encierro en el vestuario. La decisión definitiva se conocerá hoy, después de que los futbolistas volvieran a dar un nuevo plazo de 24 horas para que se dé una solución a su situación económica y a la del resto de los empleados de la entidad.
Posibilidad que parece aún lejana porque la venta del club que persigue la familia Ruiz Mateos no termina de concretarse. Una demora que ya ha provocado las primeras renuncias. Harto de esperar, Borja no pudo aguantar más y a finales de febrero se vio obligado a abandonar la nave. El central perdonó la deuda al club a cambio de la carta de libertad para marcharse a Ucrania. No es el único caso. Procedente del Español y cansada de pedir ayuda a su familia, Adriana, goleadora del Rayo Féminas, no tenía ya ni para pagar la gasolina para desplazarse a los entrenamientos, por lo que no se lo pensó dos veces cuando le surgió la posibilidad de fichar por el Pozuelo a pesar de tener que abandonar la Superliga para descender una categoría.
Embargado por Hacienda
El principal escollo para que el Rayo Vallecano cambie de manos radica en el embargo que sufre por parte de la Seguridad Social por su deuda, cercana a 49 millones de euros. Así, cualquier ingreso acaba en las arcas del Estado y no puede llegar a las cuentas de los empleados. Después de muchas llamadas y reuniones, tres grupos inversores mantienen interés en hacerse con el mando de la entidad, aunque el mejor posicionado parece ser Sergio González Sobrino. Vinculado al sector inmobiliario y con experiencia en dirigir un equipo de fútbol en la regional madrileña, el empresario, de 36 años, ha pedido dos meses de plazo para estudiar con Hacienda la situación real de las cuentas antes de cerrar la compra. «Que alguien venga y nos explique cómo vamos a vivir estos dos meses», se lamentaba ayer Míchel. «Se nos prometieron soluciones y a día de hoy no hemos visto un euro», añadió.
