En Cataluña se ha retrocedido en la financiación de la sanidad pública. Da la impresión de estar detrás Andreu Mas Colell quien, como conseller de Economía, al contemplar las cifras, debe haber pronunciado un «non possemus» que se ha proyectado sobre los pacientes y sobre todo el personal de ese servicio. Y esto, ¿a qué se debe?
Los motivos son obvios. Por una parte, los que por fuerza se precipitaban sobre nosotros como consecuencia de un factor positivo. Ha aumentado la esperanza de vida de los españoles, y por tanto se incrementa el número de los viejos, y éstos son, entre cinco y siete veces más caros, en términos de costo de asistencia sanitaria, que los más jóvenes. Cosa que, naturalmente tiene lugar en toda España y que no ahorra a Cataluña. Pero a ello se añade que el desarrollo económico de los últimos años, y naturalmente también el de Cataluña, precisó de la mano de obra inmigrante que, en muchos casos, aumentó la llegada obligada de sus familiares. La demanda de prestaciones médicas y farmacéuticas por parte de todos ellos ha sido muy importante. Simultáneamente, sobre el Mediterráneo español, desde la gerundense Costa Brava a la malagueña Costa del Sol, se descolgó una masa notable de turistas que mucho bien significan para nuestra balanza por cuenta corriente. Pero, como demostró ese buen estudioso del turismo que es Joan Fuster Lareu, la seguridad de la existencia de buenas atenciones sanitarias en el caso preciso, es uno de los soportes necesarios para que la corriente turística no se desvíe. Y eso afecta, naturalmente, también a Cataluña, que incluso tiene un papel importante —ahí están las investigaciones del profesor Cals en relación con el turismo de acampada— en el más barato, y por ello, más preocupado ante la posibilidad de tener, o no tener, asistencia sanitaria gratuita.
D Todo eso nada tiene que ver, desde luego, con algo que Cataluña ha impulsado desde la Generalitat y que ahora pasa factura. Por una parte, actuó para romper el Sistema Nacional de Salud e independizarse en ese sentido lo más posible. Curiosamente, la obra la había culminado Ernest Lluch. Los productos todos relacionados con la salud, desde los medicamentos hasta el equipo capital que necesita un hospital moderno eficaz, tienen un alto grado de monopolio. Recuérdese, por ejemplo, lo que señaló la comisión británica sobre Monopolios y Prácticas Restrictivas en sus informes relacionados con el asunto del Librium, o sobre bienes para la odontología. Pero si frente a esos monopolios de venta existe un gran monopsonio, o sea, un gran monopolio de compra, pueden lograrse, y se han logrado, rebajas espectaculares en los precios. El que no existiese precio de equilibrio, favorecía al sector público. Pero este sistema nacional único se ha roto, en parte notable por la presión de Cataluña y la imitación subsiguiente por las restantes autonomías. Ahora existen 17 sistemas sanitarios diferentes compradores. Los prácticamente únicos vendedores de medicamentos y material para la sanidad se han frotado las manos porque han podido subir los precios. A esto se ha añadido otra cosa. Ciertas enfermedades que se presentan en un número escaso —las llamadas enfermedades raras— precisan de atenciones especiales, con procedimientos que nada tienen que ver con las habituales, ni en el personal sanitario ni en el complemento de equipo capital preciso. Desde los trasplantes a ciertas dolencias, eso es lo que sucede. Las economías de escala actúan en este proceso hospitalario de producción de servicios sanitarios como en cualquier otro proceso productivo. Pero un prurito populista ha hecho que las 17 autonomías, y quizá con Ceuta y Melilla, ya hayan decidido poseer casi cada una todas estas prestaciones especiales. Las economías de escala se han venido abajo. Ya no es que exista una sola, o
unas pocas, instituciones especializadas en Madrid, Barcelona y Sevilla, por ejemplo, sino que éstas se multiplican, y las economías de escala se vienen abajo.
La carrera estatutaria tiene su alto coste que, al añadirse al exceso de demanda relatado al principio, genera lo que tiene que generar: un fortísimo déficit presupuestario debido a la sanidad, y su derivado: una deuda pública que contribuye a esa altísima —un 16,2% de su PIB— que tiene Cataluña, y que por otro lado es el 27,6% del conjunto de la deuda total de las comunidades autónomas.
Todo lo que aquí se dice, en relación con el incremento general del gasto autonómico, es congruente con el decálogo de propuestas para la «racionalización del Estado autonómico» que acaba de publicar la Fundación Ciudadanía y Valores, avalada en este sentido por el doctor en Economía y conocido estadístico —aparte de haber sido presidente de la Comunidad de Madrid— Joaquín Leguina. Naturalmente, en cambio nada tiene que ver con ese nuevo señuelo de las balanzas fiscales, científicamente muy poco correcto. La gran pregunta es: ¿por qué los actuales dirigentes políticos estatales y de la autonomía catalana no parecen haber leído el espléndido artículo del gran hacendista James M. Buchanan, «Federalism and Fiscal Equity», publicado en «The American Economic Review», septiembre 1950?
