Castilla La Mancha

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El empleo sumergido supera los 3.100 millones de euros anuales

Ciudad Real, Toledo y Albacete son las provincias con un mayor fraude

Día 28/04/2011

La economía sumergida en el empleo de Castilla-La Mancha se sitúa en torno a los 3.126 millones de euros, lo que supone un 8,9% del PIB generado anualmente en la comunidad, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido. A nivel nacional la cifra ronda los 82.500 millones de euros, lo que supone un 8% del Producto Interior Bruto.

Los técnicos estiman en un 26,5% el PIB sumergido en la región, lo que supone más de 9.253 millones de euros, tres puntos por encima de la media nacional que se sitúa en el 23%. Ciudad Real, con el 36,5% de economía sumergida es la provincia de la región más afectada.

Este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Castilla-La Mancha (hasta el nivel de los países europeos más desarrollados) permitiría recaudar cada año 435 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional.

Fraude laboral

Por provincias, Ciudad Real (1.113 millones de euros anuales), Toledo (815 millones de euros) y Albacete (569 millones de euros) son las que ocultan un mayor empleo irregular, por delante de Guadalajara (367 millones de euros) y Cuenca (260 millones de euros).

Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes —161.647 millones de euros— proceden del fraude fiscal, un componente «que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno».

Otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones en acta —un 8,3% de sus intervenciones—.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador. Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.

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