El grupo socialista ha presentado una enmienda en el Congreso para que las empresas de más de 500 trabajadores que realicen despidos colectivos de al menos 100 trabajadores —que incluya a mayores de 50 años— y que registren beneficios durante dos ejercicios, estén obligadas a hacer aportaciones al Tesoro Público para compensar los gastos que normalmente asume la Seguridad Social con esos despidos. Esa aportación se determinará según una escala en función del número de trabajadores, de los empleados de 50 años o más afectados y del beneficio de la empresa.
Telefónica y las cajas
Esta enmienda, incluida en el proyecto de ley de medidas urgenes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se ha redactado pocos días después de que Telefónica, que tuvo un beneficio de 10.000 millones de euros en 2010, anunciara un plan para despedir a unos 6.500 empleados en España y cuando el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros pondrá en la calle a varios miles de empleados en los próximos meses.
El grupo parlamentario socialista explica en su enmienda que «es difícil asumir socialmente» el importante coste que tienen los ERE para el sistema de protección por desempleo cuando los realizan empresas con beneficios. El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, considera que «hay que depurar» la propuesta del Gobierno y ha asegurado que «no prosperará en sus propios términos» por la necesidad de buscar una «solución de consenso». El PP se muestra a favor de cambiar la normativa «si es necesario» y siempre que el PSOE demuestre que su propuesta es la más adecuada.
Por otra parte, el ministro de Trabajo confirmó ayer que el Consejo de Ministros aprobará mañana el plan sobre la economía sumergida, el cual, no contará con el apoyo de los sindicatos. CC.OO. y UGT dijeron ayer que ese plan «no resulta adecuado ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido, ni va a aflorar el grueso de este empleo, ni va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos ni va a eliminar la competencia desleal entre las empresas». Además, «se trata de una medida de carácter más voluntarista que realista». Sobre este asunto, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en el empleo se sitúa en nuestro país en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB generado anualmente. Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9% procede del fraude fiscal, un componente «que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno».
«Empresas fantasmas»
No sólo los sindicatos rechazaron ayer los planes del Gobierno para aflorar empleo sumergido. Desde ATA, su presidente, Lorenzo Amor, se sumó a las críticas y aseguró a ABC que el Ejecutivo «se olvida del millón de empresarios fantasmas que no cotizan» y suponen «un arma de destrucción masiva para aquellos autónomos que sí cumplen con sus obligaciones y asumen, a duras penas, los costes que supone la actividad irregular», que ciñó a los sectores de construcción y transporte. Amor destacó que el plan «se queda corto, es parcial y muy limitado» porque se centra en las relaciones laborales y no en el trabajo no declarado y reclamó un plan eficaz para luchar contra el empleo oculto. Reforzar la inspección y fijar una bonificación del 50% de la cotización para los trabajadores que se trasladen desde el régimen general al de autónomos, son algunas de sus medidas, a las que se unen reducir cuotas y tributación al sistema de módulos para los sectores de construcción y transporte y aumentar el pago único del paro al 100% de la capitalización pero fraccionando, al objeto de fomentar y mantener el autoempleo y evitar el uso indebido de la ayuda.
