El presidente provincial del PP en Córdoba y candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa, José Antonio Nieto, aseguró ayer que si hubiese sabido que Cristina Ruiz estaba presuntamente implicada en los ERE irregulares «no habría aparecido en el número 22 de la candidatura del PP» para las municipales en Córdoba.
En este sentido, Nieto culpó al PSOE de que él incluyera en su lista a Ruiz, puesto que se negó a crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, por lo que el líder popular no sabía de la supuesta participación en la trama de la joven.
En rueda de prensa, Nieto reaccionó así tras conocerse que Rafael Ruiz —padre de Cristina Ruiz, que este pasado lunes dimitió como integrante de la candidatura que encabeza Nieto— cobró en concepto de una prejubilación falsa que le tramitó el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de los ERE.
El alcaldable del PP reconoció que sabía que su ex compañera de candidatura participó en la gestión de dicho ERE en Promi, pero que ignoraba que éste fuese uno de los ERE irregulares ahora detectados, algo que habría conocido, según destacó, «si el PSOE no hubiese rechazado en cuatro ocasiones crear una comisión de investigación», ya que «sólo el PSOE», además de la Policía y el juzgado sevillano que investiga la trama, tenían acceso a esa información.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó que van a continuar con «toda la investigación del asunto». De hecho, ayer presentó una solicitud para que en la Cámara autonómica sean entregadas las actas de los consejos de gobierno de la Junta. En declaraciones a los periodistas, Arenas dijo que entiende que «esa es una información reclamada por la juez que lleva el caso, pero también debe ser analizada en el Parlamento, que es quien controla la gestión del Gobierno de la Junta».
También se pronunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que aseguró que el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, es «la zona cero del fraude» de los ERE, y pidió su dimisión si se prueba que mintió, al saberse que cuando era consejero dio subvenciones del «fondo de reptiles» de la Junta a la firma donde trabajaba su hija.
Sanz aludió a los 900.000 euros que, cuando era consejero de Empleo, el IFA —dependiente de él y actual agencia IDEA— dio en 2003 y 2004 a la empresa donde trabajaba su hija —según publicó ayer ABC—, por lo que dijo que Viera «no es un político salpicado por la trama de los ERE», sino «hundido en el fango y cubierto de lodo» en ese fraude.
Finalmente, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, recordó a Arenas que el Gobierno andaluz cumple con la legalidad en lo referido a la «salvaguarda» de las actas de las reuniones del propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Según Jiménez, lo que tiene que hacer Nieto es «explicar si conocía los antecedentes de Ruiz», pues, «si lo sabía, estaba traficando con la corrupción, y si no, entonces es un absoluto incompetente e irresponsable».
