FABIÁN SIMÓN
Los agentes trabajaron durante horas en la sede del Consistorio de esta localidad zaragozana que el PSOE gobierna desde 1996
Agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional registraron ayer durante varias horas la Casa Consistorial de Mallén (Zaragoza). Los agentes comenzaron el registro por la mañana y lo dieron por terminado en torno a las cuatro de la tarde. En ese tiempo se incautaron de abundante documentación que se llevaron en tres cajas.
La intervención policial fue ordenada por el juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, que ha decretado el secreto de sumario. Algunas fuentes apuntan a que la investigación judicial podría estar relacionada con una denuncia que en el año 2003 interpuso una concejala del PP por supuestas irregularidades en la compra-venta de suelos municipales, vinculados con el proyecto de una plataforma logística. Aunque inicialmente la Fiscalía no siguió adelante con las diligencias, las nuevas acciones judiciales podrían guardar relación con los hechos que en aquel momento fueron denunciados.
El alcalde socialista de la localidad, Antonio Asín, se esforzaba ayer por transmitir una imagen de serenidad ante el registro policial. Una vez finalizada la intervención de los agentes, el alcalde —que se presenta de nuevo como cabeza de lista del PSOE en este municipio para las elecciones de mayo— afirmó que tiene una «tranquilidad absoluta» ante las investigaciones abiertas. Dijo que «Aquí todo lo que se ha hecho ha sido por el bien del pueblo» y aseguró que colaborará con la Justicia. De hecho, indicó que está a la espera de ser llamado a declarar.
Segundo caso en dos años
En Aragón, desde marzo de 2009, no se veía a agentes de la Policía Nacional entrando a registrar una Casa Consistorial por orden judicial. De hecho, durante esta legislatura los dos únicos casos que se han dado han sido el de ayer en Mallén y el que se produjo el 19 de marzo de 2009 en el Ayuntamiento de La Muela. Este último como consecuencia de la denominada «Operación Molinos» contra corrupción urbanística, que se saldó con varias decenas de detenidos e imputados, entre ellos la alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla.
