La juez Mercedes Pérez Barrios, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que investiga una supuesta trama de dopaje en el deporte —la conocida Operación Galgo— ha anulado las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Marta Domínguez, campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos; a su agente, José Alonso Valero; al entrenador Manuel Pascua y a la esposa de éste, María José Martínez. Así lo ha acordado la magistrada en un auto con fecha de 10 de mayo de 2011 y hecho público ayer, en el que admite los recursos presentados contra estas escuchas por las citadas personas. En cambio, rechaza los recursos del médico Eufemiano Fuentes; de su hermana, Yolanda Fuentes; del preparador deportivo José Luis Pascua y del entrenador César Pérez.
En el caso de Marta Domínguez, la juez considera que la intromisión en sus comunicaciones no estaba justificada porque con las escuchas practicadas a otros implicados en la Operación Puerto —entre ellos, su entrenado, César Pérez—, ya estaban controladas las llamadas efectuadas o recibidas por la atleta palentina. Según el documento, en las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de Policia Judicial de la Guardia civil (UCO) «respecto a la conducta de Marta Domínguez, se observa una suerte de confusión entre las conductas sancionables en el ámbito deportivo y las conductas penales, pues efectivamente lo que se pone de manifiesto son las sospechas de que Marta Domínguez fuese consumidora de sustancias prohibidas en el deporte, lo que daría lugar a una sanción en dicho ámbito pero nunca a una imputación penal, y por tanto la intervención de su teléfono tenía por objeto determinar, en su caso, quién le suministraba tales sustancias, ingerencia admitida por nuestra Jurisprudencia (...)».
Otras pesquisas
La anulación de las escuchas telefónicas a la atleta no afecta a las diligencias de la investigación por la supuesta comisión de un delito fiscal y el suministro, sin receta médica, de un fármaco a una persona de su entorno. La primera autorización para intervenir los teléfonos de los investigados en la Operación Galgo la dictó el juez Santiago Torres, titular del Juzgado número 32 en funciones de guardia, aunque Mercedes Pérez Barrios permitió la prórroga de las mismas.
El auto considera válida «la intervención por la Guardia Civil de los frascos de los fármacos Scandinibsa y Fortecortín que indiciariamente Marta Domínguez suministró y administró, sin prescripción ni receta médica, a Eduardo Polo, “su liebre”, con el fin de aumentar su rendimiento deportivo, en fecha 23 de septiembre, y la documentación derivada de la farmacia donde se efectuó la compra de los fármacos». Según la juez, esto «resulta jurídicamente independiente pues deriva de las investigaciones, seguimientos y vigilancias efectuadas por la UCO sin vulneración alguna de los derechos fundamentales».
«Por lo que se refiere al delito contra la Hacienda Pública —continúa la resolución— nada impide que si en el transcurso de una investigación por un delito determinado se descubre la existencia de otro se amplíe la investigación al mismo, pues ni la Guardia Civil ni el instructor pueden cerrar los ojos ante los hechos delictivos, siempre que tal conocimiento derive de pruebas lícitas». La juez señala que los indicios de la existencia del delito contra la Hacienda Pública por parte de Marta Domínguez «derivan de los seguimientos de José Alonso Valero» (su agente), por lo que la validez o no de dicha prueba dependerá de lo que se resuelva en relación al recurso formulado por la representación de éste.
En abril pasado la magistrada acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones relativas a la comisión de un supuesto delito de dopaje deportivo de la atleta y su representante, tras confirmar la Agencia Española de Medicamentos y la Agencia Estatal Antidopaje que las botellas facilitadas por ambos al fondista Alberto García no contenían sustancias dopantes.
La juez también ha declarado nulo el registro practicado en el domicilio de Alberto García, por derivar directamente de una conversación telefónica anulada, aunque conserva la validez de sus declaraciones prestadas ante la Guardia Civil y en sede judicial. En el caso de Marta Domínguez y de los demás implicados a los que se han anulado las escuchas, el auto mantiene la plena validez del resto de pruebas practicadas: entradas y registros domiciliarios y declaraciones de los imputados.
Resto de imputados
La repercusión mediática de Marta Domínguez suele dejar en un segundo plano a otros implicados en la Galgo. En el caso del doctor Eufemiano Fuentes, las escuchas se acordaron tras «las observaciones de Manuel Pascua, que evidenciaron contactos de éste y otros atletas con Alberto León, indiciariamente mano derecha de Eufemiano Fuentes y ejecutor de transfusiones autólogas planificadas por Eufemiano en otras intervenciones de la UCO que dieron lugar a la Operación Puerto». Las escuchas demuestran «la intención de Eufemiano de continuar sus actividades en el ámbito del ciclismo pasado un tiempo». De una conversación entre el médico canario y Manuel Pascua se deduce «la existencia de una planificación de dopaje sobre los atletas entrenados por Pascua, a cambio de un precio».
Con respecto a César Pérez, entrenador de Marta desde 2009, «las intervenciones y seguimientos narrados evidenciaban indicios racionales de la ilicitud de conducta (... )». La juez valida las escuchas al preparador de ciclistas José Luis Pascua ya que fueron fruto de las realizadas a Yolanda Fuentes y a Alberto León que mostraron «indicios suficientes de criminalidad». El 6 de septiembre hubo una conversación entre Pascua y un hombre que le pregunta quién puede llevar un equipo de remeros de Cantabria que necesitan tratamiento para mejorar su rendimiento. Respuesta: «Losa o Eufemiano, pero depende de lo que estén dispuestos a pagar».
