El Consejo de Ministros ha sometido hoy a su primera lectura el anteproyecto de la futura ley de Derechos en el Proceso Final de la Vida o, como se la suele denominar, de Muerte Digna, con la que pretende garantizar la atención que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar a los pacientes en sus últimos momentos de vida, para evitar un sufrimiento innecesario.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín -encargada de dar los detalles de la futura norma en la rueda de prensa posterior al Consejo junto al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba- ha asegurado que la nueva norma «no despenaliza la eutanasia ni el sucidio asistido», sino que pretende que la intervención sobre el pacifiente «mitigue el dolor» y evite el «ensañamiento» al final de su vida. Era necesaria una ley de cuidados paliativos y nuestro compromiso siempre ha sido ése y no otro», ha señalado.
Con base en la estrategia nacional de cuidados paliativos, impulsada junto a las Comunidades autónomas, se trata de dar «un paso más» poner en marcha «un sistema de derechos y garantías» con una ley que ofrezca «más garantías a pacientes y familias y más seguridad a los profesionales». Se pasa, sostiene Pajín, «de un modelo asistencialista a un modelo de garantías».
El proyecto de ley del Gobierno llega después de que Andalucía, que fue la primera, y Aragón, después, hayan aprobado hasta ahora leyes autonómicas de este tipo.
No se exigirá responsabilidad a los médicos
Pajín ha insistido en que toda persona mayor de edad podrá decidir el tratamiento que reciba al final de su vida, que podrá dejar reflejado en un registro en las Comunidades autonómas, que deberán comunicar con un registro nacional. Los médicos deberán respetar la voluntad del paciente y no se les podrá exigir responsabilidades cuando la apliquen.
Estas garantías se aplicarán para todo el sistema de salud, de manera que los ciudadanos tengan «los mismos derechos vivan donde vivan», según la ministra.
Leire Pajín tiene intención de que el texto sea remitido para su debate y aprobación a lo largo del próximo mes de junio. Antes deberá pasar por los órganos consultivos y el Consejo Interterritorial de Salud para su debate con las comunidades autónomas.
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