EL presidente de la Generalitat Valenciana está imputado judicialmente. Considera el fiscal que Francisco Camps pudiera haber incurrido en un delito de cohecho impropio, por aceptar unos trajes como regalo, aunque no se haya demostrado ni una sola relación entre el supuesto obsequio y los contratos que pudiera haber recibido de aquel Gobierno, o no, el dadivoso empresario a cuenta de su generosidad en materia de vestimenta.
No hay nada que objetar a la tramitación judicial. En el momento procesal oportuno se determinará si el dirigente popular aceptó esos trajes, como asegura la acusación, o si los pagó de su propio bolsillo, aunque no pueda presentar la factura correspondiente. Es dudoso en cualquier caso que todos los ciudadanos españoles, y por supuesto, todos los responsables políticos, guarden religiosamente los recibos de sus compras de vestuario. También se determinará, con la acostumbrada lógica judicial, si romper con la equidad de un presidente autonómico resulta tan barato como un par de trajes, por muy bien que se diseñen sus solapas.
Nada que ver con la situación del aún secretario general de los socialistas gallegos, que no está procesado por ningún juez, ni acusado por ninguno de los subalternos del Fiscal General del Estado. Manuel «Pachi» Vázquez no ha presentado ni factura, ni nota, ni recibo, de las obras realizadas en su mansión de San Amaro por una de las firmas del entramado de empresas que recibió simultáneamente 160.000 euros de la Consellería de Medio Ambiente que dirigía. Que Intervención de la Xunta bipartita —el negociado encargado de velar porque la distribución de los recursos públicos se adapte a la legalidad— expusiera sus dudas sobre la adecuación a la normativa del procedimiento por el que se adjudicaron los contratos a las empresas que reconstruyeron la vivienda de uno de sus conselleiros, es sólo uno de los motivos por los que el testaferro de José Blanco debiera aportar algo más que negativas talladas a base de improperios e injurias para justificar su conducta.
Se dan en el titular de Medio Ambiente del ejecutivo que presidía Emilio Pérez Touriño diversas actuaciones que bien podrían excitar la curiosidad judicial. Es mucho más que la indigencia ética de quien realiza obras aparentemente ajenas a la legalidad urbanística, para derribarlas después sin licencia. Y más grave que la incoherencia política de eludir el pago de impuestos mientras se exige un incremento de la presión fiscal para el resto de los ciudadanos.
Poca credibilidad le queda a Manuel «Pachi» Vázquez después de haberse demostrado que mintió con reiteración. Debe aportar algo más que un presupuesto elaborado a posteriori y sin visado del Colegio de Arquitectos para despejar dudas sobre un comportamiento. Con sus precedentes, y hasta que no esgrima documentos exculpatorios, es moralmente legítimo considerar que hasta pudiera haber bordeado, por el lado oscuro, el ámbito de la responsabilidad penal.
