El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, puso ayer fin al silencio que venía manteniendo la Conferencia Episcopal Española (CEE) en torno al anteproyecto sobre la ley reguladora de los derechos de las personas al final de su vida, más conocido como ley de «muerte digna».
Durante una intervención en el Foro Nueva Sociedad para presentar los avances de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de agosto, el cardenal aseguró que «no es una ley de eutanasia». En respuesta a las preguntas de los periodistas, Rouco Varela explicó que aún no había tenido oportunidad de leer el texto pero que sí lo habían hecho sus colaboradores y que «en un primer juicio» no se trataba de una ley de eutanasia. Asimismo, adelantó que la Iglesia trabaja en un «análisis interno» del anteproyecto, aprobado a mediados de mayo por el Consejo de Ministros y enviado al Consejo de Estado y demás órganos consultivos antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.
Pese a despejar la incógnita sobre la posición de la Iglesia frente a un tema que ha despertado muchas polémicas, el cardenal fue escueto, no ofreció más detalles ni hizo ningún tipo de matización sobre algunos puntos señalados como problemáticos por las asociaciones pro vida.
El Foro Español de la Familia achacó en su momento al anteproyecto de ley su ambigüedad y aseguró que resultaba «muy preocupante» las omisiones en las que incurre el texto en cuestiones centrales como el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, y una referencia explícita a la imposibilidad de que el paciente deje de recibir medidas de soporte vital, como la alimentación o la hidratación. Una crítica a la que también se sumó la asociación Derecho a Vivir, al señalar que «si la ley se inventa un derecho a la sedación terminal o a la retirada de soportes vitales no extraordinarios, y obliga a los médicos a administrarla por el simple derecho del paciente o de sus familiares abrirá la puerta a prácticas eutanásicas».
Un consejo de interinos
Entre otros trámites, antes de su aprobación definitiva, el anteproyecto de la Ley de Muerte Digna debe ir al Consejo Interterritorial de Salud donde están representadas todas las comunidades autónomas. La intención del Ministerio de Sanidad es convocar el consejo el próximo 2 de junio, antes de que se produzca el relevo político en los Gobiernos autónomos, después de las elecciones del 22 de mayo. A esa reunión irían los consejeros de Sanidad interinos.
Ayer la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya advirtió que no acudirá a la reunión. Un portavoz aseguró que se oponen a la celebración de esta reunión por considerar que «existe un fraude a la voluntad de los ciudadanos», ya que dos de las comunidades representadas han cambiado de color político tras las elecciones. Madrid no entiende las prisas por debatirlo porque la Ley de Muerte Digna «ni siquiera ha pasado por los trámites establecidos por la Comisión permanente».
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