La inyección de 12.000 millones de euros del pago pendiente del plan de rescate aprobado hace un año ha llegado en un momento de agitación social en Grecia. Los «indignados», inspirados en el movimiento español, volvieron a recorrer las calles de la capital. Pero esta vez sus consignas se dirigían contra las nuevas medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo heleno para lograr el nuevo tramo de la ayuda procedente del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras el encuentro del primer ministro, Yorgos Papandreu, y el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, del pasado viernes ya quedó claro que Grecia deberá someterse a un nuevo —y más estricto— catálogo de recortes sociales, entre los que se contempla la reducción del sector público, nuevos descensos salariales, privatizaciones, nuevos impuestos y una mayor supervisión para evitar la evasión fiscal.
Esto se traducirá, previsiblemente y según los temores de los ciudadanos griegos, en que habrá funcionarios públicos que perderán su empleo, algo que no había ocurrido hasta la fecha. De hecho, el Ejecutivo maniobró para evitar este paso: mientras que los salarios de los funcionarios y las pensiones de los jubilados se redujeron durante este último año en un 15% de media, no se había tocado ni un empleo. En el sector privado el escenario ha sido distinto. Hasta ahora se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo.
La administración de Papandreu también contempla la reducción de los salarios públicos, eliminándose la mayoría de los complementos y añadiendo una reducción del 3% de todos los salarios como «contribución solidaria» en beneficio de los parados (se aplicará un 1% en el sector privado).
El segundo eje del cambio será, con casi total seguridad, las privatizaciones, para las que se creará un organismo independiente, algo imprescindible para los expertos de la UE y del FMI.
Rigurosos deberes
La economía griega deberá terminar este año con un ahorro de 6.400 millones de euros. Los impuestos juegan un papel esencial en esa estricta aritmética para depurar las cuentas. Entre las medidas contempladas se incluye la subida del IVA para restaurantes, pasando del 13% al 23%, un impuesto especial para los refrescos, el gas natural y el tabaco y una subida de la tasa de circulación de un 10%.
Los partidos de la izquierda, capitaneados por el Partido Comunista griego (KKE) y la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) , ya ha declarado públicamente su rechazo: se oponen a todas estas medidas y reformas. Asimismo, han anunciado manifestaciones y huelgas en las próximas semanas.
Se prevé que hoy se citen miles de «indignados» en una convocatoria difundida en las redes sociales. Mientras tanto, tres casos de agresiones a políticos han encendido la mecha de la polémica. La Confederación General de Trabajadores Griegos GSEE y el sindicato de funcionarios ADEDY ya han convocado, asimismo, huelga general para este mes.
