Hace tres meses nadie habría comparado el canon digital con un yogur, y menos con un yogur caducado. Pero lo cierto es que al pactar la aprobación de la Ley Sinde, el PP introdujo una disposición adicional que otorgaba tres meses al Gobierno para adecuar el canon a la sentencia del Tribunal Europeo (TE) que exime de su pago a las personas jurídicas que lo justifiquen. Aquello ocurrió el 5 de marzo y el pasado domingo el plazo quedó cumplido sin noticias de la nueva regulación.
¿Y qué ocurre ahora? Para empezar, en el Ministerio de Cultura se sorprenden por la llamada de ABC y, no sin cierta guasa, explican que la cosa es muy complicada (nada que no supieran el 5 de marzo). La derrota electoral y algunas injerencias del Ministerio de Industria parecen haber liado más aún el ovillo.
Desde el PP no se siente guasa alguna. «El Ministerio está paralizado y ya no es capaz de cumplir ni sus propios compromisos, no por mala voluntad, sino por la incapacidad de sacar adelante ningún asunto tras la derrota electoral —explica el portavoz de Cultura José María Lassalle—. No podemos aceptar que la ministra no dé solución a asuntos que han generado tanto debate social y que además de intereses en el sector, ponen en riesgo de descomposición asuntos importantes para el desarrollo de nuestra sociedad». Por ello, el PP recuerda que ya presentó el 12 de abril una proposición no de ley con el fin de que el Gobierno suprima por decreto el canon. «Era una medida de presión para que no se olvidaran de los plazos, pero visto lo visto volveremos a insistir», añade Lassalle.
¿Y en el sector? La situación es aún peor. En las entidades de gestión recelan de la creciente dureza negociadora de los fabricantes, que se sienten respaldados por el TE y la inacción del Gobierno. Y ven en peligro la resolución del problema.
Antes del colapso del sistema, conviene subrayar que entidades y fabricantes enviaron sendos borradores para el decreto que debería haber aprobado el Ministerio de Cultura. Los borradores eran dispares, como las posturas de unos y otros.
Dos borradores de decreto
El de las entidades propugnaba un sistema similar al que se utiliza en Italia y tiene como fin controlar las devoluciones del canon con una lista o registro administrativo.
Sin embargo, según fuentes consultadas por ABC, el borrador entregado por las empresas englobadas en Ametic estaba jurídicamente muy bien armado y resultaba incluso más convincente. Al parecer se basaba en la idea de cambiar el momento de devengo del canon, que ya no pagaría el fabricante o importador (hoy lo pagan y lo repercuten al comercio que vende los dispositivos, que suele cobrar al usuario). Lo negativo sería, según las mismas fuentes, que el sistema no permite discriminar bien qué equipos se utilizan para copia privada, con lo cual quedarían exonerados todos los dispositivos adquiridos por las personas jurídicas.
Pero el Gobierno no ha cumplido el plazo de reforma y ahora, a canon flaco, todo serán más pulgas.
