Los ministros de Finanzas del eurogrupo intentaron ayer de nuevo sin éxito alcanzar algún tipo de acuerdo para solucionar el problema de financiación de Grecia. A la entrada de la reunión las posiciones de los ministros no parecían haber variado mucho desde las expresadas en los últimos días ni de las que trascendieron a la salida.
El titular de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aseguró de nuevo que su país ayudará a Grecia «pero es necesaria la participación de los bancos privados tenedores de la deuda helena en la financiación del segundo plan de rescate».
La ministra austriaca de Finanzas, María Fekter, apuntó que la solución pasa por que «la participación voluntaria del sector privado pueda adaptarse al mercado, lo que además siempre es bueno».
Por parte española la vicepresidenta Elena Salgado se inclinó por la posición que tiene el BCE en este asunto, de evitar a toda costa la reestructuración de la deuda helena, ya sea pura o suavizada, como había apuntado hace unas semanas el propio presidente del eurogrupo, Jean Claude Juncker.
Salgado reconoció que la situación de Grecia está afectando a otros países de la eurozona, «y sobre todo en particular a los que tenemos unos desequilibrios importantes».
Las cifras que se han manejado para este segundo rescate económico de Grecia, que será aprobado definitivamente y con todos los detalles en negro sobre blanco la próxima semana en una reunión formal del eurogrupo en Luxemburgo, oscilan entre los 60.000 y los 90.000 millones, que se unirían a los 110.000 millones aprobados en mayo de 2010.
Una vez asumido que Grecia no volverá a poder financiarse de manera normal en los mercados en 2012, tal y como preveía el primer plan de rescate, la clave está en saber el grado de participación que se exigirá a los acreedores privados en este segundo rescate, cuyo montante podría llegar incluso al 30% del total, como piden Alemania y Holanda, entre otros.
El ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, siempre tan ágil en las cuestiones declarativas, cifró en 80.000 millones el nuevo rescate, de los que 25.000 correrían a cargo de la banca de manera voluntaria.
Mientras, a escasos cientos de metros, el más que probable candidato a suceder a Jean Claude Trichet el frente del Banco Central Europeo (BCE) y actual gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi, aseguraba que reestructurar la deuda de Grecia, tal y como propone Alemania, tendría más efectos negativos sobre el conjunto de la eurozona que sus supuestas ventajas. Draghi, que tuvo una audición ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo, insistió en que «reestructurar la deuda, o declarar el impago o «default», supondría crear un nuevo déficit que tendría que abordarse primero, lo que requeriría la aportación de nuevo dinero fresco y los bancos acreedores, sobre todo alemanes y franceses, serían los mayores afectados porque tendrían una pérdida de capital. En resumen el coste de la reestructurar la deuda sería superior al beneficio».
A renglón seguido el próximo inquilino del BCE advirtió del posible riesgo de contagio que tendría una medida de esas características al resto de países de la eurozona, sobre todo a través de los seguros de impago de la deuda, CDS en el argot financiero. En todo caso se mostró moderadamente optimista en el sentido de que, por ejemplo, su país pasó una enorme crisis de deuda en los años 80 y salió adelante, aunque hizo falta mucho tiempo y esfuerzo.
