El anteproyecto de Ley de Vivienda que ayer recibió el visto bueno del Consello de la Xunta promoverá un convenio entre la administración, las entidades financieras y los promotores para marcar un preció máximo para las más de 30.000 viviendas vacías que actualmente existen en la Comunidad. El borrador saldrá la próxima semana a información pública.
La nueva norma de vivienda, que sustituirá a la aprobada por el bipartito en 2008 y cuyos principales términos se darán a conocer el próximo lunes, busca el compromiso de todos los agentes implicados en eta problemática para reducir los obstáculos tanto a la compra como al alquiler, con futura posibilidad de adquisición, de inmuebles. La medida llega, explicaba ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un contexto marcado por la necesidad de dinamizar el sector de la construcción y el empleo.
El anteproyecto recoge una bolsa de vivienda, con unidades en condiciones de acceso ventajosas, gestionada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y en la que podrán inscribirse aquellas viviendas cuya construcción esté finalizada y no hayan sido vendidas (en primera transmisión). Este listado tendrá vigencia, en un primer momento, hasta el 31 de diciembre de 2014, pero podrá ser prorrogado si así lo aprueba la el gobierno de la Xunta en el futuro.
Esta bolsa se desarrollará mediante un convenio marco abierto a todos los agentes del sector, además de la Xunta —constructores, cajas y bancos, ayuntamientos—, y en ella se fijarán «beneficios» que permitan mejorar el acceso de los compradores a la financiación, especialmente al colectivo de jóvenes, así como una reducción del gasto. Los precios máximos se limitarán a través de un reglamento, al tiempo que los solicitantes podrán tener acceso inmediato a las casas para eliminar la cartera existente de casas en venta. El espaldarazo que la medida trata de aportar a la consecución de una vivienda se potenciará en el caso de los jóvenes, un colectivo al que se darán mayores facilidades de financiación a través del convenio.
Esta bolsa es probablemente la principal novedad de una nueva legislación en materia de vivienda, aunque no la última. Otra de las posibilidades que se abren es la de incluir en el catálogo de vivienda protegida edificios que hayan sido rehabilitados.También existirán facilidades de pago para este sector. En palabras del presidente de la Xunta, el anteproyecto evita el exceso de «rigideces» y constricciones de las que adolecía la Ley de Vivienda aprobada en el año 2008 por el gobierno bipartito de Pérez Touriño. El nuevo texto «no invade competencias de otros departamentos», esgrimía Feijóo comparando los dos articulados, y prescindirá de nuevos entes y organismos formulados por la anterior administración, y cuyas competencias ejerce el IGVS.
Además, el titular de la administración gallega enmarcó la aprobación en el Consello del anteproyecto en un contexto en el que el Gobierno central ha reducido las ayudas y retirado las desgravaciones fiscales a la compra de un inmueble.
Frente a estas medidas, Feijóo contrapuso los dos paquetes de rebajas fiscales aprobados por la Xunta en la primera mitad de legislatura, que favoreció el acceso a la vivienda de jóvenes y familias numerosas, además de la rehabilitación; el Registro Único de Demandantes de Vivienda, las Normas del Hábitat, el Plan Aluga (de alquiler), o los decretos de ayudas a la rehabilitación en el rural, los cascos históricos y el Camino de Santiago.
Autónomos
La Xunta avanzó ayer en la conformación del primer Consejo Gallego de Trabajadores Autónomos, un órgano de tipo consultivo que servirá para que este colectivo de emprendedores, conformado por 230.000 personas en Galicia, tenga influencia en las decisiones económicas de la administración. «Es un sector que lleva mucho tiempo pidiendo que se le escuche», aseguraba Núñez Feijóo, que avanzó un proceso de baremación del peso e influencia de cada organización entre el colectivo para dar cabida a la mejor representación posible de los afiliados a este régimen de la Seguridad Social.
