¿Quién controlaba a la SGAE? La sencilla pregunta cobra relevancia tras el inicio de la operación Saga, que ha terminado con Teddy Bautista y algunos de sus más estrechos colaboradores en libertad con cargos. No puede decirse que el control haya resultado un éxito, si finalmente se demuestran los delitos de desvío de fondos y apropiación. La entidad realiza un servicio bajo licencia del Ministerio de Cultura en el dominio público y por eso precisa de controles públicos estrictos, que a todas luces han fallado. ¿Y qué dice la ley?
El artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual lo deja claro: corresponde al Ministerio de Cultura «la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos» para la entidad, la facultad de otorgar o revocar su autorización para operar, y a estos efectos «podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos».
Pero vale la pena conocer los matices. Esa Ley de Propiedad Intelectual se publica en abril de 1996. El 3 de marzo había ganado Aznar sus primeras elecciones generales y no sería investido presidente del Gobierno hasta mayo del mismo año. Es decir, la norma la aprobó un Ejecutivo en funciones. Pero aún hay más.
La víspera del viernes 12 de abril de 1996 en el que el Consejo de Ministros aprueba el decreto del texto refundido que armoniza la legislación europea y la española en materia de propiedad intelectual, hay una cena en la célebre «bodeguilla» de Felipe González a la que asiste la plana mayor de SGAE —con Rubalcaba como ministro de la Presidencia— y en la que el decreto, a punto de hornearse, recibe «seis morcillas» o retoques, en contra del criterio de los técnicos del Ministerio de Cultura. ¿El resultado? «Un texto en extremo favorable a los fines de las entidades», según un jurista experto. La ley otorga a Cultura el control de las entidades pero sin herramientas de sanción gradual, salvo la revocación de licencia. Tampoco tiene mucho que decir sobre las tarifas que SGAE impone.
El litigio llega al Supremo
Cuando llega el PP al poder en 1996 no se conforma con ver el resultado de la contabilidad de SGAE (gastos e ingresos) y exige la explicación del reparto de fondos. La reacción de Teddy Bautista no puede ser más prepotente: el asunto es vital para él y lo lleva a los tribunales. Argumenta que la petición es «una injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad de sus asociados, al no ser necesaria, resultar arbiraria y ser excesiva para satisfacer el interés que pretende tutelar la Administración». En el fondo no quiere que se sepa en detalle cuánto reparte y cuánto se deja sin repartir, por pertenecer a autores inidentificados, que parece ser el grueso de los fondos que maneja.
Pasan años y el litigio alcanza el Supremo, que falla el 26 de octubre de 2001, con sentencia inequívoca: el Ministerio «actúa dentro del ámbito de su competencia y recabando una información que resultaba necesaria para los fines previstos en la normativa que regula su actuación». La sentencia era firme y obligaba, pero la SGAE debió sentir tal impunidad que no cumplió en tiempo y modo. Altos funcionarios de Cultura de la época recuerdan que durante casi dos años estuvieron como el perro y el gato, requiriendo las cifras, y la entidad se resistía con triquiñuelas y con todas sus fuerzas hasta que, finalmente, cedió solo en parte, aportando un listado tan caótico e inmanejable que resultó muy poco útil.
El PP también cambió en 1996 al enviado permanente en el Consejo de SGAE que además cobraba dietas de la entidad en la época anterior y no cumplía con su labor de vigilancia. La SGAE siempre se encontró como pez en el agua con gobiernos de izquierda, y de hecho, la incomunicación con el PP se ha mantenido desde la primera legislatura de Zapatero. Ahora, al estallar el escándalo con la detención de Teddy Bautista, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha visto en posición tan incómoda que ha invocado una sentencia del Tribunal Constitucional que repartiría su responsabilidad de control con las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, una vez estudiada la sentencia 196/1997 de 13 de noviembre, queda claro que se refiere al registro de la Propiedad intelectual y no a la fiscalización de las cuentas. Por si quedase alguna duda, el Gobierno acaba de conceder, por primera vez, con fecha de 30 de junio de 2011 y tan solo al País Vasco, la competencia de vigilancia y fiscalización, aunque juristas consultados por ABC afirman que sería inviable el control de SGAE desde 17 autonomías. Por otra parte, como informó ABC, Sinde se ha inscrito muy recientemente como miembro de la SGAE. Y en su equipo existen asesores y hasta algún director general que ha trabajado para la entidad en algún momento.
Los controles desde el Ministerio hacia la SGAE sí que han fallado. ¿Y viceversa?
