La ministra Sinde explicará en el Congreso sus controles de la SGAE

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha decidido comparecer en el Congreso de los Diputados «a petición propia» para «explicar la política de su departamento y, en concreto, de las sociedades de gestión», algo esperado, pero que ha motivado la ironía del PP, puesto que ya había pedido el viernes pasado su comparecencia para explicar los controles con los que Cultura fiscaliza las cuentas de SGAE: «Está bien que recupere el uso de la palabra después de setenta y dos horas de silencio», declaró ayer el diputado José María Lassalle, quien además ha solicitado una interpelación urgente sobre el asunto para el Pleno del próximo martes.

Posición incómoda

González-Sinde se ha visto en una incómoda situación tras las detenciones en la cúpula de la SGAE porque la ley otorga a Cultura la competencia en la fiscalización de las cuentas de las entidades de gestión y también al conocerse que pidió asociarse como creadora en SGAE siendo ministra —antes gestionaba sus derechos con DAMA—. Fuentes cercanas a Cultura advierten que no se puede culpar de ineficacia al Ministerio porque la investigación de la Audiencia Nacional revela una trama de directivos que desviaban presuntamente fondos de la SGAE, mientras que, en todo caso, el Ministerio controlaría la recaudación de la entidad y la corrección en el cumplimiento de sus funciones sin ánimo de lucro.

El Ministerio invoca en su defensa la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional que regulaba el Registro de la propiedad intelectual y también abría, a petición de Cataluña, la puerta a que las Comunidades pudieran controlar las entidades de gestión que operan en el ámbito autonómico.

Otra sentencia del Supremo

Expertos consultados por ABC aclaran que ello no exonera al Ministerio de responsabilidades en la fiscalización de entidades y que la Abogacía del Estado así lo ha expresado en varios informes que obran en manos de Cultura. Pero es que hay otra sentencia del Tribunal Supremo (ABC ya hablaba ayer de una) del 29 de octubre de 2001, en la que se responde a Cedro, la entidad de gestión de derechos reprográficos escritos, subrayando que Cultura tiene ese cometido de vigilancia y debe pedir la información necesaria para fiscalizar la actividad de las entidades.

Por otra parte, y para terminar de comprender las implicaciones políticas de este escándalo, basta comprender que algunos miembros del staff del Ministerio de Cultura en la era Sinde conocen desde dentro el funcionamiento de la SGAE en diversos departamentos, puesto que trabajaron para la entidad. Algo, sin duda, muy útil para saber cómo controlarla. En concreto, dos directores generales.

Santos Castro, hoy director general de Industrias Culturales, es un funcionario de amplísima experiencia y brillante carrera en diversos ministerios como Industria, Defensa y Agricultura, Pesca y Alimentación. También fue director de relaciones institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores.

Como actual responsable de Industrias Culturales, está entre sus funciones «la propuesta de las medidas adecuadaspara la defensa y protección de la propiedad intelectual y el ejercicio de las funciones que correspondan al Departamento en materia de registro de la propiedad intelectual y las relativas a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual», según el Real Decreto 1132/2008. Otro director general, el del ICAA, Carlos Cuadros, que trabajó con Sinde en la Academia de Cine, también tuvo responsabilidades en la SGAE, como jefe del Área de Artes Escénicas y Audiovisuales de la Fundación Autor. Ello no supone responsabilidad alguna sobre lo sucedido en SGAE, pero resulta políticamente muy incómodo para el PSOE.