En Vídeo
En imágenes
Cuando se escriba la historia de la SGAE, a Miguel Satrústegui se le conocerá como Miguel I «El breve». El «hombre bueno» que había de reconducir a la malherida entidad hacia mejores tiempos ha decidido abandonar la tarea antes de cumplirse una semana desde su nombramiento. Lo ha hecho, básicamente, porque se ve incapaz de llevar a puerto una nave dividida y falta de cohesión; no existe, aseguraba ayer a ABC, «la paz social en la SGAE, que era condición sine qua nonpara acometer la labor que se me encargó llevara a cabo». La Junta Directiva, añadía el dimisionario presidente de la Comisión Rectora de la SGAE, no cuenta con la suma de las voluntades de sus socios ni existe la integración que él considera imprescindible para mantenerse al frente de dicha comisión.
La renuncia de Miguel Satrústegui ha supuesto un jarro de agua fría para la Comisión Rectora. Uno de sus miembros, el dramaturgo Ernesto Caballero, explicaba ayer que «la Comisión hizo un planteamiento muy integrador con una hoja de ruta en la que se planteaban distintas acciones». La propuesta de la Comisión, firmada el pasado sábado, incluía seis puntos: «1. Refundación de la SGAE; 2. SGAE está de acuerdo en que se cree una Comisión Gestora Unitaria de consenso de los distintos colectivos autorales; 3. Reforma de los Estatutos; 4. Comisión de trabajo que sea interlocutora con SGAE; 5. Unidad en la defensa de la propiedad intelectual y de la gestión colectiva; y 6. Promover la celebración de una Asamblea Extraordinaria para aprobación nueva situación».
«Proyecto integrador»
Según Caballero, José Miguel Fernández Sastrón, cabeza de cartel de la candidatura alternativa DOM (De Otra Manera) —que obtuvo en las elecciones para la Junta Directiva de SGAE el respaldo del 43 por ciento de los socios—, se desmarcó de este «proyecto integrador», y éste ha sido, seguramente, «el principal escollo que ha hecho que Satrústegui, que insistía en la necesidad de una paz social, desista».
Fernández Sastrón niega, por su parte, ser la causa de la renuncia del presidente de la Comisión: «No tengo nada contra él —dice que le explicó el sábado, cuando se reunió con él—, pero soy coherente con mi postura. Mi candidatura ha impugnado las elecciones y se ha personado como acusación en el caso abierto contra varios directivos de la entidad por el desvío de fondos. Y mientras el juez no resuelva el caso, no acepto ni a la Junta Directiva ni a la Comisión, que para mí están deslegitimadas».
La Comisión Rectora, según Ernesto Caballero, se reunirá como muy tarde este viernes para tomar una decisión y ver cómo se resuelve la crisis creada por la renuncia de Satrústegui. «Habíamos previsto reunirnos el jueves, pero la ministra de Cultura ha convocado a las entidades de gestión; así que, si hay posibilidad, el mismo jueves, y si no al día siguiente, nos reuniremos».
Caballero reconoce que se ha barajado la posibilidad de que el compositor Tomás Marco, uno de los miembros de la Comisión Rectora, sea su nuevo presidente. El músico, según informa Susana Gaviña, lo niega, y su nombramiento, en cualquier caso, chocaría con la resolución de la Junta Directiva, que hablaba de que designaría «como presidente de la Comisión a un gestor externo e independiente que asuma las máximas funciones ejecutivas encomendadas en los Estatutos al Presidente del Consejo de Dirección».
Aguas turbulentas
A la SGAE le toca por el momento seguir remando en aguas turbulentas. Sin ir más lejos, un grupo de socios, con el dramaturgo Fermín Cabal y el cineasta Achero Mañas como dos de sus voces más destacadas, han convocado para hoy a los socios a una asamblea general extraordinaria. En ella se propondrá la «formación de una Comisión Rectora unitaria compuesta por tres representantes de cada una de las candidaturas que han contendido en las últimas elecciones, más cinco independientes, uno de los cuales ha de presidir la nueva Comisión». En su programa, informan los convocantes, figuran la «defensa de la profesión y de la propiedad intelectual; la exigencia de responsabilidades si se comprobaran los hechos delictivos y la convocatoria de nuevas elecciones con un nuevo reglamento electoral que amplíe decididamente el censo y contemple líneas abiertas y limitación de mandato.
