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La declaración del «estado de alarma», medida adoptada tras un Consejo de Ministros extraordinario ante el caos aeroportuario generado el último puente de la Constitución, ya se estudiaba en el seno del Gobierno desde febrero de 2010, es decir, diez meses antes de que se produjera el clímax del conflicto, cuando los controladores abandonaron sus puestos de trabajo. La decisión ya estaba contemplada en un estudio de una importante consultora internacional, que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) utilizó como documento interno de trabajo. En él se hacía un diagnóstico del conflicto con los controladores aéreos, planteaba posibles escenarios y recomendaba medidas para resolver el problema.
A lo largo de 52 páginas, el documento es un buen ejemplo de diseño de una política de gestión de crisis, planteando de forma gráfica sus procesos, sugiriendo medidas previas, escenarios, medidas «regulatorias» y medidas «posteriores». Lo llamativo es que con diez meses de antelación se expresa con claridad meridiana —y con notable capacidad predictiva— que se llegará a un escenario en el que el primer día se da el «cero por ciento de plantilla y se cierra el espacio aéreo español». A continuación, da cuenta del anuncio de Fomento: «Si no se presentan en ocho horas, serán despedidos», junto con la militarización de los centros de control aéreo y la declaración del «estado de emergencia», lo que lleva a activar la ley de seguridad aérea, «para poder usar controladores militares».
El documento, asimismo, indica que tras el «retorno a la normalidad» debía «de forma inmediata» empezar a negociar el II convenio colectivo con el sindicato USCA. Si bien la existencia de este estudio era conocida por los representantes de USCA, que incluso lo dieron a conocer el 3 de febrero, el carácter predictivo de su contenido solo se comprobaría a la luz de los acontecimientos.
Fuentes del ente público señalan que la elaboración de este tipo de documentos «no oficiales» es de «obligatorio cumplimiento» y que, además, el plante de los controladores en el puente en diciembre rebasó las previsiones iniciales, informa L. M. Ontoso.
Mientras tanto, ayer le tocó a Camilo Cela, presidente de USCA, declarar en calidad de imputado en la causa abierta contra 16 controladores por el abandono de sus puestos de trabajo durante el 3 y 4 de diciembre. Cela aseguró que «el único responsable de lo que ocurrió fue AENA y no los controladores, como se les achaca».
