El Banco de España nacionaliza la CAM

Caja Mediterráneo (CAM), la que fuera la cuarta entidad de ahorros de España, ha sido nacionalizada. El Banco de España dio ayer por la tarde luz verde a la inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que supone la toma de control de la entidad y la sustitución de todos sus administradores. Además, el Banco de España ha otorgado a la caja una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata para asegurar tanto la liquidez de la entidad como la máxima tranquilidad de sus depositantes. Una vez concluido el proceso de nacionalización y saneamiento, la CAM se subastará al mejor postor.

El proceso arrancó a medianoche, cuando la antigua caja se despojó de su tradicional denominación para pasar a convertirse oficialmente en Banco CAM, paso indispensable para que el FROB pueda desembolsar los fondos a cambio de comprar acciones de la entidad. Ahora comienza la valoración de la misma, que determinará el peso definitivo del Fondo en su capital, si bien los expertos consideran que rondará el 80%. Y es que el FROB deberá entrar a precios de mercado lo que, teniendo en cuenta las recientes salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica, puede suponer una valoración de sus activos del 30% respecto al valor en libros.

El proceso de nacionalización era una de las fórmulas reflejadas en el último decreto de recapitalización del sector financiero. De hecho, tras la ruptura del proyecto de fusión de la CAM con Cajastur, Canarias y Extremadura, la caja alicantina envió un plan de recapitalización en el que se incluía precisamente la petición de 2.800 millones al FROB para alcanzar los nuevos requerimientos. Hasta la fecha, los gestores de la caja han estado intentando evitar que esta petición de fondos llegara hasta sus últimas consecuencias y han intensificado al máximo las negociaciones tanto con fondos de inversión, como con cajas y bancos para intentar encontrar una solución que esquivara su nacionalización total.

Posiciones enfrentadas

Sin embargo, todas ellas finalmente acabaron en papel mojado. Las exigencias de los potenciales socios —que buscaban una «red de seguridad» pública para su inversión que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía se negaban a tejer— como la estricta postura del supervisor —negando la concesión de los créditos del «FROB 1» derivados del frustrado Banco Base, que suponía un atractivo extra para los inversores al rebajar significativamente el peso del sector público en la caja— han dado al traste con una solución intermedia.

Así, el Banco de España decidió el jueves dictaminar que el plan presentado por la CAM «no incorporaba las medidas adecuadas para asegurar su viablilidad», según informa el regulador, por lo que envió a sus administradores un escrito concediéndoles un plazo de 10 días para presentar una solución definitiva. Ante el camino de fracasos ya andado por la entidad, su cúpula ha optado por dejar su futuro en manos del FROB y no agotar el tiempo de descuento (en principio las entidades tienen de plazo hasta septiempre para llevar a cabo sus planes) y solicitar la entrada del FROB.

Ayer, la desolación resultaba evidente en el seno del consejo de administración de la entidad alicantina. Mientras las fuentes consultadas expresaron el malestar de la dirección con el Banco de España, la CAM sostenía en un comunicado oficial que la petición al organismo supervisor suponía garantizar la solvencia de la entidad y sus ratios de capital.

El término nacionalización, como poco, chirriaba. El presidente de la CAM, Modesto Crespo, había intentado por todos los medios arbitrar una solución que evitara la entrada del capital público en el accionariado y, en consecuencia, la pérdida de control de la caja. Sin embargo, no logró convencer al Banco de España de la operación con el fondo estadounidense JC Flowers, que habría aportado una cantidad superior a los 800 millones. Finalmente, tras no haber encontrado un socio privado tras su frustrada integración en el Banco Base, la CAM se resignó ayer a poner punto y aparte a una historia que arrancó hace 136 años. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, alcanzó la cuarta posición en el ránking de las cajas de ahorros españolas.

La vicepresidenta Salgado aseguró ayer que la intervención de la CAM se había producido «a petición de ella» y que los clientes de la entidad «pueden estar absolutamente tranquilos». Mientras, el Gobierno valenciano —que ha permanecido en contacto permanente con el Banco de España en los últimos días— expresó su respeto a las decisiones tomadas por los gestores de la entidad. El fondo público ya ha confiado la gestión de la entidad a dos de los administradores de la intervenida Cajasur, que son José Antonio Iturriaga y Tomás González Peña, a los que se suma el auditor Benicio Herranz Hermosa. Ahora restan dos espinosos pasos: la valoración de la caja y su posterior subasta.