El Gobierno tiene una semana para aprobar un verdadero plan anticrisis

Mientras los líderes europeos —Sarkozy, Merkel y Berlusconi— regresan de urgencia a sus despachos, en España sucede algo sorprendete: nada. En La Moncloa cuelga aún el cartel de «cerrado por vacaciones». Y eso que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha dado el toque de atención. El instituto emisor está comprando deuda española e italiana para que nadie especule con ella. A cambio de ese rescate encubierto, en sendas cartas enviadas a Madrid y Roma les exigió medidas de ajuste contundentes. Lo entendió el primer ministro del país vecino, que en la tarde del pasado viernes aprobó un recorte draconiano de 45.500 millones de euros. Ahora es el turno de Rodríguez Zapatero: Jean Claude Trichet ha solicitado al Ejecutivo socialista medidas más valientes que las que planea anunciar a lo largo de agosto.

«O se hace la revolución o se hacen las reformas». Con esas palabras justificó ayer el ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti, el plan Berlusconi contra la quiebra que supone un auténtico azote al estado de bienestar. Entre ellas, la supresión de 36 provincias y la agrupación de 1.500 ayuntamientos. Las que pretende aprobar el Consejo de Ministros los días 19 y 26 de agosto están lejos de ser un golpe de timón. El plan orquestado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, incluye, entre otras, la modificación del impuesto de sociedades aumentando el pago a cuenta de las grandes empresas, una prórroga de la ayuda de los 400 euros a los parados, una regla de gasto para las autonomías y un recorte del gasto farmacéutico.

España no es Grecia ni Portugal ni Irlanda, insisten los analistas. Pero con Italia guarda más parecido. Y si el país transalpino era la última barrera, ya ha caído. «Lo que ha hecho el BCE es un rescate de ambos países», zanja Vicente Martínez-Pujalte, diputado del Partido Popular. Fuentes europeas confirman también que el Gobierno español, como el italiano, ya ha recibido por carta «instrucciones» de Trichet. El supervisor pide medidas profundas para afrontar la consolidación fiscal y aumentar la competitividad. No concreta. «No hay vuelta atrás. Estamos hablando de reformas brutales, y entre ellas ellas la supresión de ayuntamientos y administraciones públicas», dice Pujalte.

Como Italia. Y en España no es la primera vez que se plantea. Jordi Sevilla, ex ministro socialista de Administraciones Públicas, sacó a la luz hace algo más de un año y junto a otros autores «La reforma de la Administración General del Estado», obra que recoge las ideas de lo que planteaba en su etapa ministerial y que nadie, entonces, escuchó. Una reordenación de la administración para poner fin a lo que Sevilla calificó en la presentación de su libro de «disparate»: «comunidades autónomas que actúen como mini-estados», criticaba.

Mancomunar, una vía

Ahora, con las dudas sobre la solvencia del país, la reforma del mapa territorial del país vuelve a estar sobre la mesa. «Hay dos posibilidades: o reducir municipios, lo cual es complicado por su carga identitaria, o mancomunar servicios entre varios de ellos, para evitar duplicidades y ahorrar costes. Nosotros somos partidarios de este segunda vía», explica a este diario Daniel Fernández, portavoz adjunto del PSOE en el Congreso. «En cuanto a las diputaciones o las futuras veguerías catalanas, tiene sentido si ofrecen servicios y no son solo una plataforma política», añade este socialista catalán.

«Que permanezca la figura del alcalde como representante local, pero hay que eliminar y gestionar en mancomún el cuerpo de Policía o la recogida de basuras», propone Pujalte, quien no ve en la Constitución un obstáculo a tan ambiciosa reforma. Porque aunque se dice que autonomías y provincias están «protegidas» constitucionalmente, desde el punto de vista jurídico, tanto la agrupación de ayuntamientos como la supresión de algunas provincias es factible en España. Hoy, conocida la profundidad de las reformas en nuestro país vecino, Jordi Sevilla planteaba en Twitter: «Reducir municipios en España no lo creo viable, necesario sí». «¡Pero exige pactos!», lamentaba.