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Síntoma de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero gobierna ya de forma interina es que incluso se rectifica a sí mismo con lo que se le exige desde la bancada de la oposición. Ayer, tras el primero de los dos Consejos de Ministros en los que se deben anunciar medidas de ajuste y estímulo para cumplir con el objetivo de déficit público del 3% en 2013, La Moncloa fijó como medida estrella la bajada del IVA —«excepcional y transitoria»— del 8% al 4% en la adquisición de viviendas nuevas hasta el 31 de diciembre. Lo que se antoja un atajo para no recuperar la desgravación por la compra de una vivienda a quienes ganan más de 24.000 euros anuales, que el Gobierno derogó a partir de enero de 2011 —amén de la subida del IVA del 7% al 8% en julio de 2010— y que el Partido Popular ha prometido rescatar si llega a La Moncloa.
«El objetivo es crear empleo en el sector más perjudicado por la economía. Incentivar la venta de viviendas nuevas y reducir el “stock” para poder iniciar la construcción de otras viviendas allí donde hay demanda potencial», aseguró el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, quien informó de las medidas adoptadas junto a la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Tal ha sido el batacazo en el sector de la construcción que la vicepresidenta Salgado tuvo que reconocer que «la caída del sector de la construcción no es algo que debamos seguir deseando». Y defendió el carácter temporal de la medida para que, como avisan los economistas, no se genere una nueva burbuja inmobiliaria.
Al dictado de Bruselas
El Consejo de Ministros aprobó ayer además por decreto ley la prescripción farmacéutica por principio activo —con el fin de recortar el gasto farmacéutico, en línea con lo que ya hace Núñez Feijóo en Galicia— y el adelanto del pago del Impuesto de Sociedades. Estas medidas se encuadran dentro del plan de La Moncloa para hacer frente a unos mercados que sospechan tanto de la solvencia de España como del potencial de su economía para crecer y crear empleo. Y responder, de paso, a las exigencias de Bruselas. Blanco reconoció que «aún costará algún tiempo reducir la tensión en los mercados». Y subrayó: «Nadie puede discutir que aquí hacemos lo que decimos».
El conjunto del programa ideado —que el próximo viernes se completará con medidas de estímulo laboral— permitirá ahorrar o recaudar al Estado unos 5.000 millones, según el Ejecutivo. ¿Es suficiente? Quizás la respuesta se halle en Italia: al dictado de las autoridades europeas, Silvio Berlusconi se vio obligado a anunciar hace una semana un plan de ajuste que supondrá un ahorro de 45.500 millones en dos años, nueve veces más que lo anunciado ayer por Moncloa.
La vicepresidenta Salgado insistió ayer en que el saneamiento de las cuentas públicas va por buen camino y justificó que «las medidas se realizan para tener un margen de seguridad y proporcionar seguridad y confianza». Eso sí, admitió también las «turbulencias» que sufre el país pero restó importancia sobre el impacto de los últimos datos de desaceleración económica en España —0,2% de crecimiento en el segundo trimestre, frente al 0,3% del trimestre anterior— en los ingresos tributarios.
El Gobierno contará con el apoyo del PNV y la abstención de CiU para validar el decreto ley apoyado en el Pleno del Congreso que se celebrará la próxima semana. El PP no ha anunciado el sentido de su voto, ya que antes quiere conocer el texto íntegro del Real Decreto. En este sentido, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó las medidas que aprobó ayer el Gobierno y, en una primera valoración, aseguró que «solo tienen un afán recaudatorio para hacer caja lo antes posible». La dirigente popular insitió en que el objetivo no es «crear empleo» y que su partido lo que realmente quiere es un plan global de reformas, ya que con lo que se aprobó ayer «no vamos a ninguna parte. Se está perdiendo un tiempo muy valioso».
