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Dieciséis de las mayores fortunas francesas pidieron al Gobierno que les imponga un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis que vive el país, según una petición publicada hoy por la prensa local.
Entre los firmantes figuran el presidente de L'Oreal y su máxima accionista, y los patrones de la petrolera Total, el grupo hotelero Accor, el alimentario Danone, el banco Société Générale, el operador de comunicaciones Orange, la aerolínea Air France-KLM o el fabricante automovilístico PSA Peugeot-Citröen.
Piden que el impuesto sea «razonable» para evitar la fuga de capitales
«Somos conscientes de habernos beneficiado plenamente de un modelo francés y de un contexto europeo a los que nos sentimos muy unidos y que queremos contribuir a preservar», aseguran los firmantes, entre los que también están el presidente de Veolia Environnement, el del grupo de servicios financieros Fimalac o el ex patrón de Renault.
Los multimillonarios aseguran que ese impuesto «no es la solución en sí misma» y piden que se inscriba «dentro de un esfuerzo más global de reforma, tanto de los gastos como de los ingresos».
«Nos parece necesario contribuir a este esfuerzo de solidaridad»
El llamamiento se suma a las declaraciones de algunos multimillonarios que, a título personal, habían expresado en sus últimos días su deseo de contribuir de manera excepcional al erario público, siguiendo la senda marcada en Estados Unidos por Warren Buffett.
El anuncio fue difundido un día antes de que el Gobierno francés presente mañana las medidas que piensa adoptar para reducir el déficit público, con el fin de cumplir el compromiso de dejarlo en el 5,7 % este año, el 4,6 % el próximo y el 3 % en 2013.
Según los medios franceses, el Ejecutivo anunciará un impuesto especial de entre el 1 y el 2 % a los contribuyentes cuyos ingresos fiscales superen el millón de euros.
El entorno del Gobierno estima que 30.000 personas estarán afectadas por esta medida, que reportará 300 millones de euros suplementarios a las arcas públicas. En total, el Ejecutivo espera incrementar los ingresos en 10.000 millones, para lo que, según los medios, abolirá algunas desgravaciones fiscales y reducirá los gastos ministeriales.
