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La medida engordará la «patata caliente» del déficit de tarifa que se encontraría el PP tras el 20-N
Día 29/09/2011
Más de 20 millones de consumidores domésticos de electricidad están de enhorabuena, ya que la tarifa de la luz (TUR) no subirá a partir del día 1 de octubre, según filtró ayer el Ministerio de Industria. Sin embargo, esos consumidores tal vez no recuerden que sus hijos y, seguramente sus nietos, seguirán pagando el denominado déficit de tarifa, el cual, continuará engordando —ahora supera los 22.000 millones de euros— con la nueva congelación del precio regulado de la electricidad.
La fijación de la tarifa de la luz ha sido históricamente una decisión política del Gobierno de turno. Y la revisión trimestral de los precios correspondiente a octubre no ha sido menos, ya que en mes y medio habrá elecciones generales. Así, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, podrá utilizar esta congelación de la tarifa en su campaña electoral. Sin embargo, y lo mismo que sucede cuando anuncia que, si gobierna, no congelará las pensiones ni rebajará el sueldo a los funcionarios cuando ha formado parte del Gobierno que llevó a cabo estas medidas, Rubalcaba obviará que el Ejecutivo socialista ha encarecido ya este año el precio de la luz un 11,3%. Es más, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, la tarifa de la electricidad ha subido en nuestro país casi un 72% (2004-2011).
Se rebajarán los peajes
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha vuelto a utilizar la tarifa de la luz como si fuera un chicle. Como la reciente subasta de la energía, que fija el coste de la misma y que supone el 50% del precio final, sugería un incremento del mismo del 6%, lo que han hecho desde ese Ministerio es encoger en el mismo porcentaje los peajes de acceso, que sirven para retribuir las actividades reguladas (primas a las renovables, redes...) y que supone el otro 50% del precio final.
Aunque Industria subraya que esta decisión no provocará un aumento del déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos por las actividades reguladas y sus costes asociados), tanto las eléctricas como los consumidores y los partidos de la oposición consideran que ese déficit seguirá incrementándose. De esta forma, el nuevo Gobierno que salga tras el 20-N se encontrará con «una patata caliente» de unos 25.000 millones de euros, cantidad que está reconocida como deuda de los consumidores con las compañías eléctricas. Curiosamente, y si se cumplen las encuestas, sería el Gobierno del PP, que creó ese déficit en 2000, quien gestionaría su finiquito.
Por su parte, el presidente de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica), Eduardo Montes, aseguró ayer que la decisión de Industria es una «tergiversación de la realidad a los consumidores» y advirtió de que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Montes subrayó que «esto es pan para hoy y hambre para mañana».
