Félix Porto, el alcalde imputado

Cada vez que el PSdeG afirmaba durante la pasada campaña de las municipales que en sus listas no se incluían imputados en procesos judiciales, se encendía una luz roja en la sede de O Pino. Correspondía al alcalde de Muxía, Félix Porto Serantes, condenado en el pasado por pesca furtiva en el concello que ahora preside, y uno de los principales implicados del caso de la agente electoral, investigado por un juzgado de Corcubión.

Fue precisamente por este último escándalo cuando Porto saltó a la luz pública. Fue denunciado por María Isabel Blanco, quien le acusó de enviarla a Buenos Aires en calidad de candidato socialista a la Alcaldía de Muxía para la captación del voto de los emigrantes de este concello de cara a las municipales de 2007. Todo ello, mientras estaba a sueldo de la oficina de Unións Agrarias en Vimianzo —a pesar de haber sido contratada por una asociación de viticultores de la Ribeira Sacra gracias a una subvención concedida por el bipartito—, de la que el propio Porto era el principal responsable.

«Félix Porto me dijo que estaba contratada para hacer campaña y que estaba bajo sus órdenes», alegó Blanco cuando compareció en 2008 ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento. El imputado le habría concedido 53 días en la capital bonaerense. Con 2.500 euros para gastos aportados por el entonces candidato, Blanco aseguró haber pedido «puerta a puerta» el voto para el PSOE en las últimas elecciones municipales, facilitado solicitudes de voto a emigrantes gallegos e incluso rellenado y recogiendo alguna de estas peticiones.

Tras la denuncia presentada por el Partido Popular en los juzgados de Corcubión, el magistrado del nº 1 de Instrucción imputó al ya alcalde de Muxía por un presunto doble delito de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La denuncia fue ampliada meses más tarde cuando se tuvo conocimiento de la llamada «trama agraria», que extendería los procedimientos de utilización partidista de subvenciones públicas para la contratación de afines a través del sindicato Unións Agrarias por parte del bipartito, y por un montante próximo a los dos millones de euros.

Félix Porto ya se las había visto antes con la justicia, concretamente a nivel administrativo, cuando fue sancionado por la Consellería de Pesca en 2003 por pesca furtiva en la playa de Barreira, tras ser denunciado junto a su también compañero de partido José Casais por agentes de la Guardia Civil. En aquel momento, Porto alegó que se trataba de una «caza de brujas política».

Rosario de imputados

Félix Porto se suma a la lista de alcaldes imputados que el PSOE tiene en la Costa da Morte. Junto al de Muxía, completan la nómina los regidores de Corcubión y Camariñas, y por distintos motivos. El primero, Francisco Lema, implicado por el juez Andrés Lago Louro en la «Operación Orquesta», después de que la Policía lo relacionara con la supuesta trama de amaño de contratos públicos, mediante procedimientos negociados sin publicidad fraudulentos.

El segundo, Manuel Valeriano Alonso de León, imputado por el mismo magistrado por un presunto delito de negociación prohibida a los funcionarios en la modalidad de «autocontratación», tras suscribir aparentemente en 2009 una serie de pólizas del ayuntamiento con la compañía aseguradora a la que pertenecía antes de llegar a la Alcaldía —según la denuncia presentada por el PP, admitida a trámite por el juez—.

Tanto Lema como Alonso de León fueron imputados después del 22-M, a pesar de que los informes policiales referidos al primero y la admisión a trámite de la denuncia contra el segundo son de antes de la fecha de las elecciones municipales.