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En los primeros seis meses de la «ley Aído», 2.625 canarias interrumpieron su embarazo
Día 07/11/2011
El Ejecutivo canario, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE), invertirá en los próximos cuatro años un total de 4,7 millones de euros para pagar los abortos de las canarias que así lo deseen. Desde la aprobación de la nueva legislación sobre la materia, esta cobertura es parte del sistema sanitario español y corre por cuenta de las comunidades autónomas.
Durante los primeros cuatro años de aplicación de esta ley, se estima que el Servicio Canario de la Salud propiciará 21.000 abortos en las clínicas concertadas, según los números oficiales a los que ha tenido acceso ABC, que dan cuenta de un total de 2.625 mujeres canarias que recurrieron a la «interrupción voluntaria del embarazo» (IVE) desde el comienzo de la aplicación de la ley hasta el 31 de diciembre pasado. Los abortos se llevan a cabo en las cuatro clínicas autorizadas por el Gobierno isleño: en Gran Canaria, la clínica Gara (Telde) y la clínica Nuestra Señora del Carmen (Las Palmas de Gran Canaria), mientras que en Tenerife este trabajo lo hacen las clínicas Tara y Tacoronte, ambas en este municipio norteño.
Los abortos se practican según los siguientes métodos: aspiración,dilatación, legrado, píldora abortiva, inyección intravenosa, inyección intrauterina, histerotomía e histectomía.
Si bien el precio por cada aborto, según el convenio entre Sanidad y las clínicas abortistas, era en principio de 550 euros, en una respuesta parlamentaria el gobierno regional cifró en la mitad de ese valor cada operación, unos 225 euros cada uno.
La aplicación de la llamada ley del aborto supuso un dolor de cabeza para la sanidad pública de las comunidades autónomas, ya que, al margen de los debates éticos sobre el asunto, la iniciativa fue tramitada por el hoy desaparecido Ministerio de Igualdad y no por el de Sanidad, ya que no deja de ser una prestación sanitaria más. Como consecuencia de esto, la aplicación de la nueva norma suponía un desembolso importante de dinero, pero su entrada en vigor no vino acompañada de ficha financiera alguna, de modo tal que los servicios de salud debieron detraer de otros destinos esos fondos.
