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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obligará a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito a aumentar su contribución al fondo de garantía de depósitos desde los 800 millones hasta los 1.600 millones de euros anuales. Con esta medida, el Ejecutivo pretende que las entidades carguen, exclusivamente, con los costes derivados de la reorganización financiera, limitando su impacto sobre el déficit público. «La reestructuración financiera va a tener un coste nulo para el contribuyente», explicó la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado.
Desde la creación de este mecanismo, el pasado 14 de octubre, la contribución de las entidades se situaba entre el 0,6 y el 1 por mil de los depósitos garantizados (o,6 para el caso de los bancos, 0,8 para las cooperativas y un 1 para las cajas). El refuerzo del fondo elevará hasta el dos por mil la aportación de todos ellos.
El Gobierno quiere asegurar que el fondo de garantía de depósitos tendrá «capacidad» suficiente para afrontar nuevas inyecciones de capital, como la de 3.000 millones de euros que lanzó el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) recientemente en el Banco de Valencia. También se pretende garantizar la cobertura de los depósitos de los clientes hasta un máximo de 100.000 euros.
Malestar en la banca
La Asociación Española de la Banca (AEB) calificó de «sorprendente» e «injusto» que se obligue a las entidades a aumentar las cuotas. «Estas entidades no solo no han recibido ayudas públicas, sino que han aportado ya el patrimonio de 2.347 millones de euros que tenían históricamente constituido en su fondo de garantía», señaló la organización en un comunicado.
La patronal bancaria reclamó, asimismo, que las «autoridades establezcan una hoja de ruta clara y transparente para hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sistema financiero».
