Emulando al sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill, Mariano Rajoy, momentos después de haber conocido la aplastante victoria electoral del partido que lidera, el pasado 20-N, prometió, ante los miles de militantes que se concentraban frente a la sede del Partido Popular (PP) en Génova, esfuerzo y unidad. Eso sí, descartó los sectarismos y perder el tiempo en asuntos superficiales al mismo tiempo que anunciaba que gobernará al servicio de todos los españoles.
El que será en breve el nuevo presidente del Gobierno en España subrayó entonces que dejaremos de ser un problema en la Unión Europea para ser parte de la solución, pero con la cautela que le caracteriza.
Lo dijo nada más saberse ganador en las últimas elecciones generales: «No va a haber milagros, no los hemos prometido. Para nadie es un secreto que vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en que se haya encontrado España en los últimos treinta años», advertía Rajoy.
El PP y su líder obtuvieron ese histórico y simbólico día una aplastante victoria electoral, sí, pero ahora se aprestan a gobernar y a gestionar España durante los próximos cuatro años inmersos en la peor crisis económica y de empleo de la historia reciente del país. Los casi cinco millones de parados que tiene el país lo merecen.
Y es que Rajoy va a necesitar toda la artillería disponible y conocida para hacer frente a los primeros, y más inmediatos por urgentes, retos de la economía española. Y, por ende, a los interlocutores que cada uno de ellos detenta. De hecho, no tiene tiempo que perder porque los mercados, está demostrado, no suelen dar tregua a los nuevos gobiernos. Si quiere que Alemania, Francia, y el Banco Central Europeo (BCE) olviden el «bazooka» que termine por bombardear a nuestro país deberá tomar medidas de manera urgente.
Tres son, pues, los retos. Tres objetivos en el corto plazo, que sí o sí habrá que poner en marcha:
1. Reformar definitivamente el mercado laboral: Varios son los puntos aún por reformar, pero, a destacar que, por ejemplo, sin llegar al contrato único, el PP intentará reducir la maraña de modalidades contractuales que recoge la legislación actual, casi veinte tipos diferentes. Además, potenciará el contrato que puso en marcha en 1997 —el de fomento de empleo —redefiniendo sus condiciones para que sea el más usado por los empresarios. Y, reformar la negociación colectiva, para que los convenios de empresa —acuerdos dentro de cada compañía—prevalezcan sobre los del sector o los territoriales. El objetivo, reactivar la economía y comience a haber empleo.
2.Continuar con la reestructuración inacabada del sector bancario: Resolver cuanto antes los problemas de stock de vivienda que tienen las entidades financieras y solventar sus necesidades de recapitalización. Ya sea mediante un banco malo —algo que no hace mucha gracia al propio Rajoy— ya sea mediante fusiones. El nuevo Ejecutivo sigue pensando que hay saturación en el mercado y a ello hay que ponerle solución cuanto antes.
3.Consolidación fiscal para asegurar la solvencia del país y ajustar las cuentas autonómicas: En primer lugar aprobando la ley orgánica que permitirá cumplir con el objetivo de déficit, para intentar que los gastos no superen en un 6% a los ingresos y obligar a todas las comunidades autónomas a cumplir con dicho objetivo. Algo que parece viable, dada la mayoría casi absoluta de los gobiernos populares a lo largo y ancho de la geografía española.
Velocidad de crucero
Estos son los tres objetivos más inmediatos para un país que necesita recuperar cuanto antes la confianza de los mercados para poder financiar sus gastos a un tipo de interés más barato que al 7% que ha llegado a repetir en las últimas semanas más de lo debido y querido, que nos puede llevar al rescate y a la UE al caos más absoluto.
Mientras, Rajoy mantiene su propia velocidad de crucero y cumple con su calendario. No coge llamadas de nadie. Sus acólitos, tampoco. Tras la cita de este jueves, la última de sus encuentros con los interlocutores de las tres grandes reformas-objetivos, sólo piensa en Europa, cuando cerrará el primer ciclo, antes de meterse en el siguiente, el de los actos protocolarios que le lleve a La Moncloa.
No hay tiempo para demoras, ni para caer en temas secundarios, ya que lo que pretende el futuro presidente es presentar a un país «en la buena senda» para estar entre los grandes de la nueva Europa. Refundada o «arreglada». Para volver a tener el peso que teníamos antaño, Y es que el mandar un mensaje de confianza a Europa, hará que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy apuesten decididamente por él. Éste será, entonces, su cuarto y gran objetivo. Volver a ser lo que éramos.
¿El balance de estos días? Según su entorno, «positivo», a pesar de «la inmensa presión» que sufre, tanto interna como externamente. Pero, en principio, objetivo cumplido.
Reforma laboral
Semana de reuniones... y también de decisiones, las que atañen al mercado de trabajo, en espera de una reforma que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy pondrá en marcha para animar la contratación y el empleo. Y lo hará por mandato europeo y también por convicción y con el apoyo si es posible de empresarios y sindicatos, que esta semana salieron de la madrileña calle Genóva con una hora de ruta marcada. Deberán presentar sus acuerdos antes de Reyes, en caso contrario el Gobierno, gobernará. Pero... ¿qué reforma toca? El plan de choque que diseña el Gobierno popular no tendrá como prioridad la reducción del coste del despido, sino abaratar la contratación. El PP pretende simplificar el número de contratos potenciando el de fomento del empleo que puso en marcha el Ejecutivo de Aznar en 1997, que incluye una indemnización por despido de 33 días en lugar de los 44 que recoge el contrato más utilizado. Eso sí, el PP quiere aclara las causas del despido y evitar la actual judicialización costosa y larga. En la actualidad son pocas las empresas que pese a encontrarse en una situación económica difícil, pueden despedir con 20 días, como prevé la ley. La mayoría, por no entrar en esos procesos judiciales, que habitualmente gana el trabajador, prefieren indemnizar con 45 días o incluso cerrar. La propuesta popular pasa por incentivar la contratación y bonificar a las nuevas empresas que creen empleo con una reducción de 3.000 euros en el Impuesto de Sociedades. Y en el caso de los autónomos, el plan de Rajoy pasa por fijar bonificaciones en las cotizaciones para los empresarios que contraten su primer trabajador, una medida que se aderezará con bonificaciones a los contratos a menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración con más de 45 años. Lo que está por ver es que el próximo presidente del Gobierno cumplirá el mandato del BCE en lo que a contratos para jóvenes se refiere. Contratos con sueldos inferiores al salario mínimo para el primer empleo con el objetivo de activar la contratación en un colectivo afectado por casi un 50% de desempleo. Lo que sí trasladó el pasado miércoles a los agentes sociales es la exigencia de Trichet del pasado agosto a Zapatero de acometer una devaluación competitiva de sueldos, es decir un recorte de costes laborales, que podría afectar tanto a salarios como a cotizaciones sociales. Habrá que esperar este mes para ver en que queda esta reforma reclamada desde todos los foros a España.
Reforma financiera
La preocupación por la reforma financiera es palpable. De hecho, en las múltiples reuniones que el inminente presidente del Gobierno español ha mantenido desde que salió vencedor en las urnas con diversos interlocutores, los primeros fueron los banqueros. En concreto con Rodrigo Rato, presidente de Bankia; Francisco González, presidente de BBVA y Ángel Ron, presidente de Banco Popular. Mientras, con Emilio Botín, presidente de Banco Santander; e Isidro Fainé, presidente de La Caixa, mantuvo conversaciones telefónicas. A todos ellos les pidió opinión sobre qué hacer para que de una vez por todas nuestro sistema financiero sea sólido y líquido, porque a día de hoy aún el crédito sigue sin fluir. Lo que sí parece claro es que trataron la conveniencia de crear un banco malo que agrupe todos los activos problemáticos de la banca, a lo que por cierto, Rajoy se ha pronunciado en contra mientras que, los banqueros son partidarios, ya que las entidades dejarían limpio el balance de elementos tóxicos. Rajoy prefiere que se potencien las fusiones, un proceso en el que estarían involucrados todos los grandes, que incluso podrían acabar integrados algunos de ellos. Al final, solo pueden quedar... ¿cuatro? Mientras tanto, el Gobierno saliente, tras perder las elecciones, decidía lanzar una nueva medida con reacciones inmediatas contrarias. Una nueva medida que ha puesto los pelos de punta a más de uno en el sector bancario. La ministra de Economía en funciones, Elena Salgado, anunciaba la ampliación de la dotación que deben hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las entidades, lo que supone que bancos, cajas y cooperativas deberán aportar 800 millones de euros suplementarios a este organismo. En concreto, los bancos pasan de una aportación del 0,6 por mil de sus depósitos a un mínimo del 2 por mil, lo que supone más que triplicar su dotación a este fin. Las cajas ponían hasta ahora a disposición del FGD el 1 por mil de sus depósitos, en tanto que las cooperativas de crédito aportaban el 0,8 por mil. El decreto aprobado provocaba la reacción inmediata de la patronal bancaria, que ha calificado de «sorprendente e injusto» este incremento, al tiempo que ha instado al Gobierno a hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sector.
Administraciones públicas
No hay tiempo que perder. Rajoy, tras reunirse con banqueros y agentes sociales terminaba la ronda de encuentros con los presidentes autonómicos de su partido para advertirles de que no existe opción de no cumplir el objetivo del déficit. Cuatro fueron los compromisos que reclamó a los suyos el próximo jefe del Gobierno español. Además de cumplir el déficit —a lo que, por cierto, la totalidad se comprometió dada la urgencia y seriedad de las dramáticas cuentas autonómicas, si bien admitieron problemas—, Rajoy les emplazó a cumplir nuevos deberes: realizar una profunda depuración administrativa para acabar con las duplicidades, a ser eficientes y a alcanzar el equilibrio presupuestario o, como tiene a bien decir el jefe, «a no gastar más de lo que se tiene», como ocurre con las economías domésticas. Y bajo esa premisa se concretó que cada Ejecutivo trasladará su techo de gasto y de ahí no se podrá sobrepasar ni un céntimo de euro.
Tan comprometido está el futuro Ejecutivo en este sentido que una de las primeras medidas nada más tomar posesión —si bien ya está todo más que perfilado, según fuentes del entorno del partido consultadas por Empresa— será crear un grupo de trabajo que se dedique a estudiar dónde se puede recortar, y qué se puede eliminar. Una auténtica «policía anti-duplicidades», traducían las mismas fuentes en Génova. Y debe ser así porque, aunque no lo tienen cuantificado, el Partido Popular cree que éste será uno de los puntos cardinales para que las comunidades empiecen otra vez a funcionar. Y con la mayoría de las comunidades autónomas a su favor, lógicamente por ser del mismo tinte político, Rajoy lo tiene, en principio, más fácil de conseguir. Ahora bien, de lo que al parecer no se habló fue de ampliar en torno a diez años el plazo para la devolución de la deuda que las autonomías mantienen con el Estado por los adelantos que éste les hizo en 2008 y 2009, tal y como solicitaron las diferentes comunidades autónomas en julio ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué no se trató este tema? Porque se abordará cuando el nuevo Ejecutivo tenga pleno conocimiento de la devolución del déficit y de la tesorería.
