La estrategia verde europea y su castigo al agro comienzan a tambalearse
La presión del sector agrario, la tramitación de la Ley de la Naturaleza y las voces que reclaman un cambio de miras protagonizan el panorama europeo
El pasado jueves tuvo lugar una votación en Bruselas que, si bien no arrojó un resultado concluyente, sí hace sobrevolar una duda por los mentideros europeos: quizás el Pacto Verde europeo, con lo que conlleva para el sector agrario, no sea tan incuestionable, y no termine de responder a las necesidades de los ciudadanos, abrumados por la inflación económica.
Y es que el 15 de junio se llevó la polémica ley de Restauración de la Naturaleza a la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo, donde ‘sobrevivió’ al límite: con 44 votos a favor, y 44 en contra, la votación se ha aplazado hasta el próximo 27 de junio por la cantidad de enmiendas presentadas.
Es decir, tras haber sido rechazada tanto por la Comisión de Agricultura como por la de Pesca, ni siquiera la Comisión de Medioambiente ha sido contundente con una ley rechazada de pleno por el sector agrario y que es una de las grandes patas del Pacto Verde Europeo. En función de lo que se decida en la votación final, se procederá a su votación en el pleno a mediados de julio.
El distanciamiento manifestado el jueves en la votación de medioambiente es, según el COPA-COGECA, que representa a agricultores, ganaderos y cooperativas europeas, «una verdadera señal de desconfianza hacia un texto cuyo impacto será considerable para todo el sector primario europeo y para las áreas rurales de la UE»
El tejido agroalimentario, en peligro
«Esta ley no es más que otro ‘invento’ de la Comisión Europea que, si finalmente se aprueba en el Parlamento Europeo, acabará con gran parte del tejido agroalimentario europeo y español», llegaba a asegurar Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla.
«Claro que hay que proteger el medioambiente, pero no a costa de los agricultores», insiste. Los agricultores, a través del COPA-COGECA, han reiterado en numerosas ocasiones que se trata de una legislación «mal pensada, poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos de los agricultores y pescadores en la UE».
Los estudios presentados sobre el impacto de la ley solo tienen en cuenta el beneficio potencial de restaurar los ecosistemas, pero no el efecto que tendría esto sobre la actividad agraria. Y es que la imposición de esta normativa conduciría a la pérdida de tierras de cultivo y haría imposible la gestión del suelo a escala nacional, ya que el requisito de no deterioro se extendería incluso fuera de las zonas Natura 2000.
Zonas agrícolas que no se podrían explotar
En este sentido, tal y como detallan desde Asaja, el 36% de la superficie terrestre de Portugal y el 40% de la superficie de España pasarían a ser improductivas porque no se permitiría la actividad agrícola como hasta ahora, a pesar de cumplir ya numerosas condiciones, como las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Fondos de la PAC
Pero no sólo eso: según advierte Asaja, la Comisión Europea espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, «cuando ambos presupuestos están ya sobrecargados; y Europa se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición».
«Paradójicamente, reduciría la actividad agrícola en las superficies a regenerar mediante fondos de la PAC», lamentan.
Además, desde la organización agraria alertan de que la merma del tejido productivo influirá en la pérdida de soberanía alimentaria. «Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?», se preguntan.
Por todo ello, y bajo la idea de que la Ley de Restauración de la Naturaleza «pondrá en peligro la vida del sector rural y la seguridad alimentaria», el sector agrario reitera la petición a la Comisión Europea de que «retire» y reconsidere la normativa, haciendo un análisis del impacto socioeconómico, reconociendo el trabajo de los agricultores por conservar y gestionar los ecosistemas naturales y, sobre todo, evitando que se deriven fondos de la PAC.
Un informe clave
Llama la atención que, paralelamente a este empeño de la Comisión Europea por aprobar una Ley de Restauración de la Naturaleza contraria a los intereses de agricultores y ganaderos, el Parlamento Europeo aprobase por amplia mayoría, apenas un día antes, el informe «Seguridad alimentaria y resiliencia a largo plazo de la agricultura europea».
Y es que dicho informe, presentado por la eurodiputada Marlene Mortler, del Partido Popular Europeo, consiguió 447 votos a favor, 142 en contra y 31 abstenciones basándose en la idea que siempre ha defendido el campo andaluz: la estructura alimentaria y la sostenibilidad deben basarse en la protección del sector agroalimentario y el mundo rural.
En concreto, los eurodiputados pidieron un plan de seguridad alimentaria, basado en la creación de reservas de alimentos, una estrategia para proteínas y piensos y un apoyo financiero a los agricultores. Además, señalaron, conforme al informe, que algunas medidas del Pacto Verde europeo pueden tener «efectos indeseados en la producción agraria», y que la Comisión debe garantizar que se mantenga la «iniciativa empresarial agrícola».
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