Europa aprueba el Plan Estratégico de la PAC: alivio en el Ministerio e indignación en Andalucía
El campo andaluz asegura que el departamento de Planas ha dejado indefenso al sector, y los agricultores temen un descalabro económico
Lo que gran parte del campo andaluz temía se ha hecho realidad. Ya no queda capacidad de actuación. La Comisión Europea ha aprobado el Plan Estratégico de la Política Agrícola Española (PAC) 2023-2027 para España, una decisión por la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha felicitado.
En concreto, el titular de Agricultura ha considerado que con estos fondos los agricultores y ganaderos españoles dispondrán del «presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional».
Una dicha que el sector agrario andaluz, representado por Asaja Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, no entiende ni aprueba, ya que el ministro ha culminado lo que siempre «inexplicablemente« ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.
Como recuerdan los representantes del campo andaluz, la satisfacción de Luis Planas pasa por «hurtar 500 millones de euros a la principal región agraria de España, machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz».
Una política agraria autoritaria y sin consenso
Para Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.
En definitiva, el Plan que ya tiene el visto bueno de Europa, aseguran, se ha redactado «sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales».
En este sentido, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.
Consecuencias de los ecoregímenes en Andalucía
Esta discriminación se evidencia claramente si se ven los ecoregímenes, en los que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoregímenes y el reparto de los fondos de esta partida son, a todas luces, insuficientes si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental con las nuevas regiones productivas.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción, a lo que deberán sumar las pérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas.
Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
Desarrollo rural
Además, con el plan han quedado aprobadas las medidas de apoyo al desarrollo rural, tanto las impulsadas por las comunidades autónomas como las de competencia estatal.
De esta forma, el plan recoge en un documento único de programación medidas que en periodos pasados se distribuían a través de los diferentes Planes de Desarrollo Rural autonómicos, aprobados en distintos plazos, que podrán empezar a gestionarse sin retrasos, como ocurrió en las anteriores PAC.
Principales novedades
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura se ha congratulado de que el Plan Estratégico va a suponer «cambios profundos, pero graduales», para lograr una agricultura «más justa, rentable y social».
En concreto, los agricultores y ganaderos españoles contarán con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61% irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades destaca el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.
Ayudas a los jóvenes
Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Otra de las novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.
Junto con las ayudas directas, este plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural.
Entre estas últimas, destacan las partidas destinadas a inversiones (740 millones de euros, de los que un 44% serán para inversiones con fines ambientales); 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para los programas ‘Leader’; 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.
Los famosos ecorregímenes
Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Así, se destinará un 23% del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, diseñados para que tengan una amplia acogida pero que desde el campo andaluz miran con recelo, al no estar ligados a las regiones productivas.
Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad.
Paquete legislativo
En estos momentos, el Gobierno trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Entre ellos figuran los borradores de reales decretos que se publicaron a finales de julio para su audiencia pública y han permitido dar a conocer al sector los detalles de cómo se aplicarán a partir de la próxima campaña elementos tan importantes de la PAC como la condicionalidad, los derechos de ayuda básica o los detalles de las diferentes medidas, incluidos los requisitos y los importes previstos para los ecorregímenes.
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