
Siniestralidad, calma tras la tempestad
«Es fundamental seguir apoyando a los agricultores no solo a través de seguros, sino también mediante políticas públicas que promuevan la innovación»
La siniestralidad en el sector agrario español ha mostrado una notable reducción en 2024 en comparación con años anteriores. Uno de los motivos ha sido la variabilidad meteorológica, que, aunque sigue siendo una constante preocupación, no ha sido tan extrema como en 2023. De acuerdo con datos proporcionados por Agroseguro, hasta el mes de julio de 2024 se ha registrado una disminución del 58% en las hectáreas afectadas en comparación con el mismo período del año anterior, sumando más de 1,24 millones de hectáreas siniestradas.
El año pasado, España experimentó uno de los peores registros de siniestros agrarios. En cambio, el panorama en 2024 ha sido más benigno en términos de daños agrícolas, aunque esto no implica que el riesgo haya desaparecido. Las tormentas y las heladas en primavera continuaron afectando a los cultivos, aunque con menor intensidad. Las indemnizaciones previstas rondan los 470 millones de euros en estos primeros 7 meses del año, de los que casi 380 corresponden a agricultura. Los cultivos herbáceos, frutales y la uva de vino son los más afectados, concentrando un volumen elevado de los daños reportados.
En Andalucía, las indemnizaciones de estos primeros siete meses, según datos de Agroseguro, ascienden en millones de euros a 1,5 en el caso de cítricos, 9,7 en herbáceos, 2,5 en hortalizas y 1,8 en frutales.
Aunque los seguros agrarios continúan siendo una herramienta vital para la protección económica de los agricultores, la creciente variabilidad climática requiere soluciones más integrales, como la adopción de prácticas agrícolas más resilientes, la adecuada rotación de cultivos o la agricultura de conservación.
Además, la economía local en las zonas rurales depende en gran medida de la producción agrícola, por lo que es fundamental seguir apoyando a los agricultores no solo a través de seguros, sino también mediante políticas públicas que promuevan la innovación y la adaptación a las nuevas realidades de mercado, climáticas y tecnológicas.