Recurren la limitación estatal de nuevas plantaciones de viñedo para evitar la pérdida de potencial productivo
Unión de Uniones considera que la medida «impide las políticas estructurales en el sector y no protege a las DOP del riesgo de desequilibrio y pérdida de notoriedad»
Unión de Uniones ha presentado un recurso contra la resolución publicada el pasado 28 de diciembre de 2021 en la que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establecía fijar en 946 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en 2022, equivalente al 0,1% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2021.
Con la decisión de este año, «serán más de 40.000 has las que habrían dejado de estar a disposición del sector en forma de nuevas plantaciones desde que entrara en vigor en 2016 el nuevo sistema europeo de autorizaciones para el viñedo. En el contexto de países vitivinícolas de la UE, sólo España y Alemania, recortan el cupo de nuevas plantaciones por debajo del 1% de la superficie de viñedo existente que, como máximo, permite la normativa europea», denuncia Unión de Uniones en un comunicado.
Así, «esto ha evitado la pérdida de potencial vitícola de nuestro país que, pese a todo, el Ministerio de Agricultura cifró en 45.435 hectáreas entre el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2016 y que desde el año 2000 suma 234.694 hectáreas», explica la organización agraria.
Pérdida de patrimonio vitícola
«No se trata de que queramos que la superficie de viñedo crezca indiscriminadamente en España», matizan desde Unión de Uniones, «pero el sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones puede y debe ser aprovechado para mejorar la competitividad de la viticultura profesional», insisten desde Unión de Uniones.
Para la organización, «la reducción de nuestro potencial y el recorte de nuevas plantaciones es una pérdida de patrimonio vitícola que estrangula la vía más social que permitiría redimensionar las explotaciones de los viticultores profesionales y los jóvenes que se incorporan al sector. Ello no sería, además, incompatible que con las Denominaciones de Origen establezcan limitaciones y restricciones en su ámbito para evitar futuros desequilibrios».
Hay que recordar que las limitaciones de nuevas plantaciones que se han ido aprobando año tras año a nivel estatal atienden a las recomendaciones de la Interprofesional del vino de España (OIVE).
No obstante, a juicio de Unión de Uniones, «estas limitaciones deberían justificarse, en base a la legislación en vigor, en la necesidad de evitar riesgos claramente demostrados de oferta excesiva, basándose en informes y análisis sobre las perspectivas de mercado, las previsiones del impacto de las nuevas superficies que entrarían en producción y de los derechos de plantación y autorizaciones concedidas sin ejercer». Unión de Uniones ha pedido también en su recurso, que el Ministerio de Agricultura haga públicos dichos informes.
Reparto por comunidades autónomas
Por otro lado, la organización agraria considera que «el reparto de nuevas plantaciones entre las diferentes comunidades autónomas es desequilibrado y que la Resolución recurrida ignora que el verdadero problema en lo referido al potencial productivo, no está tanto en llegar a autorizar un 1% de nuevas plantaciones a nivel estatal, como en permitir la entrada en determinadas DO de autorizaciones de replantación deslocalizadas procedentes de áreas ajenas a las que generaron tales autorizaciones. Eso sí que puede desequilibrar la oferta en las DOP como ha ocurrido en zonas como Cava o Rueda», se detalla en el comunicado.
Sin embargo, tal y como denuncia Unión de Uniones, «no se es consciente de ese problema y, desde 2016, de las 98 figuras de calidad (homologables a una DOP) existentes en España, para la próxima campaña, sólo 6 han propuesto limitaciones y/o restricciones para planificar sus superficies de viñedo».
El recurso que presenta la organización pretende centrar la política vitivinícola atendiendo a la capacidad que el sector debe de tener a la hora de tomar sus propias decisiones al margen de tutelas «que no aportan sino obviedades alejadas del debate más importante que presenta el sector: el reparto de valor a lo largo de la cadena vitivinícola en un contexto pandémico que está estrangulando la rentabilidad cuando no la supervivencia de amplias zonas vitivinícolas en el Estado», concluye Unión de Uniones.
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