Las nuevas ayudas a la ganadería extensiva obligan a rehacer la PAC
Los ganaderos que ya tengan su declaración cerrada tendrán que corregirla para poder ser beneficiarios
El pasado 1 de febrero se abría el plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC) relativa a las ayudas y pagos de 2020. Un plazo que inicialmente terminaba el 30 de abril y que, tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus, se ha prolongado hasta el 15 de mayo.
No obstante, son muchos los ganaderos andaluces que a estas altura ya tiene su declaración cerrada y que ahora se ven obligados a modificarla si quieren optar a las ayudas agroambientales a la ganadería extensiva publicadas recientemente en el BOJA.
Se trata de la ayuda «Mantenimiento de sistemas tradicionales de ganadería extensiva de Andalucía en rumiantes» que se enmarca dentro de la Medida 10: Agroambiente y Clima, del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2015-2020.
Está dotada con un presupuesto de 40 millones de euros (ocho millones de euros anuales para cinco años de compromiso) y se estima que podrían beneficiarse de estas subvenciones alrededor de 1.400 ganaderos, cuyas explotaciones sumarían, en total, unas 240.000 hectáreas.
Se trata de unas ayudas «muy esperadas» y «muy necesarias» en un sector sumido en una profunda crisis de rentabilidad desde hace años, que sin duda, se ha visto agravada por la actual coyuntura provocada por el Covid-19 y el cierre del canal Horeca.
Solicitantes
Está dirigida a ganaderos de ovino, caprino y vacuno (rumiantes) en extensivo, excluyendo al porcino ibérico, que han aplaudido que se destinen ayudas para el mantenimiento de las técnicas tradicionales de pastoreo. Sin embargo, critican que «llegarán a muy pocos ganaderos, apenas al 10% de la superficie» y que, dados los criterios de baremación, accederán a estas ayudas «las provincias ganaderas orientales (Granada, Jaén y Almería) en detrimento de las occidentales».
Así lo entiende el técnico de Ganadería de Asaja Sevilla, José Manuel Roca, quien añade, no obstante, que las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas «corrigen algunos puntos -y otros no- contemplados en el borrador y que fueron alegados en su día por la patronal agraria».
Según la orden, podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos ganaderos con una superficie mínima admisible de 15 hectáreas, considerándose admisible la destinada al aprovechamiento de los animales mediante pastoreo, incluyendo pastos permanentes, arbustivos, barbechos con cubierta vegetal y rastrojeras.
Además, la explotación debe cumplir con una carga ganadera entre 0,1 y 0,5 UGM por hectárea, «una carga demasiado baja», sostiene Roca, aspecto que fue alegados por la patronal agraria y que «no se ha tenido en cuenta».
Para el cómputo de esa carga se consideran las especies elegibles (ovina, caprina, bovina) y equina, con excepción de explotaciones equinas de capacidad reducida y las intensivas de especies bovina. Ante este requisito, Asaja Sevilla recomienda a los solicitantes «que actualicen la base territorial de los códigos ganderos cuanto antes».
Criterios de baremación
Los criterios de baremación mantenidos no gustan a la patronal agraria, ya que «están más enfocados a los ganaderos de la Andalucía oriental». Así, se otorgan más puntos en función del porcentaje de superficie de la explotación en municipios con más del 40% de su superficie agraria dentro de zona de desertificación.
Igualmente, se prima a los titulares de explotaciones con más superficie en Red Natura 2000, así como a los que tengan mayor porcentaje de carga ganadera computable de especies ovina y caprina. Por tanto, «dado que las ayudas llegarán a pocos ganaderos, serán los del sector ovino-caprino los que acapararán la práctica totalidad de las ayudas, en detrimento del sector bovino, que tendrá menos puntos», critica Roca, «pese a que la ayuda, se supone, va destinada a todos los rumiantes».
El importe de la ayuda será de 50,70 euros por hectárea, pero modulada. Así, los ganaderos con una superficie admisible de hasta 75 hectáreas cobrarán el 100% de la prima; entre 75 y 150 hectáreas el 60% de la prima y con más de 150 hectáreas el 30%, hasta un máximo de dos hectáreas por cada UGM de especie elegible.
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